El Gobierno declaró mediante el decreto número 791-21, como de alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).
Esto, en todas las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo.
Dicho decreto deroga el núm. 143-17 del 26 de abril de 2017, que establece que las Comisiones de Etica Pública (CEP) tendrán como objeto fomentar el correcto proceder de los servidores públicos.
Establece que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), entidad responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos y acuerdos internacionales suscritos en materia de ética, integridad, lucha contra la corrupción y conflicios de intereses, podrá iniciar una mesa de coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, órganos constitucionales y gobiernos locales con el objetivo de acompañar, orientar y estimular la creación, elección o estandarización de las comisiones dispuestas en el presente decreto o su equivalente, acorde a cada naturaleza institucional.
El documento indica de igual manera, que la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), es un órgano plural de servidores públicos, con representación de todos los grupos ocupacionales presentes en la Administración Pública, con el objeto de promover la institucionalización de la ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público, vigilar el cumplimiento del Código de Etica y Conducta de los Servidores Públicos.
Asimismo, fungir de órgano operativo para la estandarización de programas y políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgo, antisoborno y manejo de herramientas de integridad gubernamental para así prevenir los actos de corrupción y conflictos de intereses en la Administración Pública, garantizar el principio de buen gobierno, de la buena administración y el acceso a la información pública.
La Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) reglamentará las facultades de actuación y todos los planes de acción a ser ejecutados por las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), con especial énfasis en planes institucionales de integridad y anticorrupción.
