Santo Domingo. – La gestión de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estuvo marcada por un proceso de reorganización institucional. Ese trabajo apuntó a reducir el histórico atraso judicial, modernizar los procesos con herramientas tecnológicas y reformar mecanismos como el recurso de casación.
El punto de partida
Uno de los mayores retos que asumió esa administración fue el cúmulo de expedientes que heredó el alto tribunal.
A inicios de 2020, la SCJ acumulaba 18,357 recursos de casación y otros asuntos pendientes. Dentro de ese universo había expedientes que habían ingresado desde 1982.
El plan de emergencia
Bajo el lema «Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas», el tribunal aplicó un plan que incluyó la reorganización de la Secretaría General.
Ese esquema fijó metas de productividad y una estrategia diferenciada para las tres salas especializadas.
En 2021, la Suprema Corte resolvió 11,637 casos pendientes. Por primera vez, la cantidad de expedientes solucionados superó a los nuevos casos recibidos.
La reducción del atraso
Al cierre de 2022, el tribunal despachó todos los expedientes ingresados antes de 2019. Los casos pendientes de audiencia y fallo bajaron a 1,766, lo que representó una disminución del 81% del atraso acumulado.
Para noviembre de 2024, la SCJ informó que había eliminado los casos anteriores a 2023. La Segunda Sala Penal quedó sin expedientes pendientes de ese período y sin trámites con más de seis meses de antigüedad.
Entre junio de 2019 y noviembre de 2024, el alto tribunal resolvió 47,986 casos. A nivel nacional, cerca del 35% de los tribunales operaban totalmente al día.
La reforma del recurso de casación
Para sostener esos resultados en el tiempo, el Poder Judicial impulsó una reforma a uno de los principales puntos de congestión del sistema.
El Congreso Nacional aprobó la Ley No. 2-23 sobre Recurso de Casación, promulgada el 17 de enero de 2023. Esa pieza sustituyó una legislación que databa de 1953.
La nueva normativa introdujo el concepto de interés casacional. Bajo esa figura, la Suprema Corte concentra su trabajo en los casos que permiten fijar criterios jurídicos de importancia nacional y crear precedentes.
Menos trámites y plazos más cortos
La ley también eliminó pasos considerados innecesarios, como la opinión obligatoria del Ministerio Público en asuntos civiles.
A eso se sumó la reducción de audiencias en procesos exclusivamente jurídicos y el establecimiento de plazos más estrictos.
Los tiempos procesales bajaron de forma notable. Con el régimen anterior, un caso tardaba en promedio 639 días desde su ingreso hasta la sentencia. Con la nueva legislación, ese promedio quedó en 131 días.
La asignación de expedientes a las salas también cambió. De procesos que podían durar hasta 365 días, se pasó a un plazo máximo de 37 días hábiles.
La justicia digital
Otro eje de la gestión fue la digitalización del sistema judicial. Ese proceso se aceleró con la llegada de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020.
Para evitar la paralización de los tribunales, el Consejo del Poder Judicial aprobó medidas que habilitaron la firma electrónica, el teletrabajo y las audiencias virtuales.
Esas decisiones generaron cuestionamientos de sectores jurídicos, en especial del Colegio de Abogados, que alegó que algunos cambios requerían aprobación legislativa.
El fallo del Tribunal Constitucional
La controversia llegó al Tribunal Constitucional. En septiembre de 2021, mediante la Sentencia TC/0286/21, ese órgano estableció que la regulación de los procesos judiciales corresponde al Congreso Nacional.
Según ese criterio, el Poder Judicial no podía modificar por reglamento aspectos reservados a la ley.
Tras ese fallo, la Suprema Corte y el Congreso impulsaron la Ley No. 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial.
El reglamento de esa legislación se aprobó en octubre de 2022. Con él quedó establecido el uso voluntario de herramientas digitales y se otorgó validez jurídica al expediente electrónico, las notificaciones digitales y los procedimientos a distancia.
Las plataformas creadas
Entre los avances tecnológicos del período figura JURITECA, una plataforma pública y gratuita que permite consultar más de 400,000 sentencias y decisiones judiciales.
También se desarrolló el portal justicia.gob.do, diseñado para facilitar trámites, seguimiento de casos, validación digital de documentos y acceso a estadísticas.
En 2024 se instalaron sistemas de grabación y herramientas tecnológicas en 34 salas de audiencias, con planes de expansión nacional.
Protección a las víctimas
Dentro de las medidas de fortalecimiento también se amplió la red de Centros de Entrevistas Forenses, con el uso de cámaras Gesell y circuitos cerrados de televisión.
Esas herramientas permiten que víctimas y testigos vulnerables declaren en ambientes protegidos, con acompañamiento psicológico. Con ello se evita la repetición constante de testimonios y se reduce la revictimización.
Carrera judicial y escalafón
Otro punto de la gestión fue la implementación de mecanismos para fortalecer la carrera judicial y reducir la discrecionalidad en ascensos y traslados.
En 2021, el Consejo del Poder Judicial aprobó el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial y selección de cargos. Ese instrumento fijó criterios objetivos basados en el tiempo de servicio, la permanencia en la categoría y las evaluaciones de desempeño.
Como parte de esa política, en diciembre de 2021 el Pleno de la Suprema Corte aprobó el ascenso de 161 jueces y juezas de los 11 departamentos judiciales del país.
Los cuestionamientos
La administración de Molina también enfrentó debates políticos e institucionales.
Desde su elección en abril de 2019, sectores opositores cuestionaron su trayectoria previa como viceministro de la Presidencia y director de campaña política en 2016.
Molina respondió que la independencia judicial debía medirse por las decisiones de los jueces, el respeto a la ley y la capacidad para resistir presiones externas.
Otro foco de tensión fue el enfrentamiento con el Colegio de Abogados entre 2020 y 2022 por la virtualidad judicial. Esa disputa bajó de intensidad tras la aprobación de la Ley 339-22.
La evaluación de FINJUS
Al aproximarse el cumplimiento del período constitucional de siete años, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) evaluó la gestión.
Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó como aspectos positivos la modernización del sistema, la reducción del atraso judicial y la profesionalización de la carrera judicial mediante el escalafón.
Las críticas al modelo de evaluación
FINJUS también planteó reparos al modelo de evaluación de los jueces de la Suprema Corte.
Según la entidad, el Consejo Nacional de la Magistratura mantiene una composición mayoritariamente política y carece de un equipo técnico permanente para evaluar el desempeño judicial.
La organización propuso una reforma constitucional que elimine las evaluaciones periódicas y establezca un mandato único de siete años. Esa fórmula, a su juicio, fortalecería la independencia de los magistrados frente a presiones políticas.
