Santo Domingo. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó que el Proyecto de Reforma al Código Procesal Penal (CPP), aprobado recientemente por el Senado y actualmente en estudio en la Cámara de Diputados, contiene cambios que podrían debilitar garantías esenciales del proceso penal y afectar derechos constitucionales.
La advertencia fue remitida mediante una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, firmada por el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. El análisis técnico fue elaborado por una comisión encabezada por el jurista Francisco Álvarez Martínez, quien revisó el proyecto desde una perspectiva comparada y constitucional.
Preocupación por retrocesos en derechos y controles judiciales
FINJUS sostiene que varias de las modificaciones incluidas en el texto legislativo podrían:
- Desbalancear las garantías procesales establecidas en la Constitución.
- Ampliar de manera desproporcionada la prisión preventiva, convirtiéndola en una medida menos excepcional.
- Reducir los controles judiciales sobre acciones sensibles como interceptaciones telefónicas y registros personales.
- Debilitar mecanismos de impugnación, especialmente en querellas, apelaciones y recursos de revisión.
- Introducir criterios subjetivos que afectarían la previsibilidad de los plazos procesales.
- Otorgar mayor discrecionalidad al Ministerio Público, sin contrapesos suficientes.
Según la entidad, estos cambios podrían convertirse en “retrocesos sustantivos” dentro del sistema de justicia penal dominicano, afectando la seguridad jurídica y la protección del debido proceso.
FINJUS pide diálogo técnico antes de aprobar la reforma
Aunque la organización reconoce la importancia de actualizar el CPP, insistió en que el texto debe ser revisado cuidadosamente para garantizar que no entre en conflicto con:
- La Constitución dominicana
- Los criterios del Tribunal Constitucional
- Los estándares internacionales de derechos humanos
FINJUS aclaró que su posición no es de rechazo a la reforma, sino de prevención y mejora del texto, para evitar consecuencias no deseadas que comprometan la institucionalidad penal.
“No podemos avanzar hacia una modernización del sistema de justicia a costa de reducir derechos fundamentales”, sostiene la entidad en su análisis.
