Santo Domingo. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió sobre los problemas legales y económicos que podrían derivarse de las modificaciones urgentes a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobadas recientemente por el Senado sin consulta pública.
Según FINJUS, estas reformas, que incluyen incrementos en los pagos y cambios en los plazos para la eliminación de plásticos, fueron aprobadas sin la participación de actores clave como el Ministerio de Medio Ambiente ni representantes del sector productivo. Esto representa una violación de los principios constitucionales de participación ciudadana e inclusión, establecidos en la sentencia TC/0458/21 del Tribunal Constitucional, que subraya la importancia de involucrar a la ciudadanía en decisiones de interés colectivo.
Impactos económicos y sociales
FINJUS destacó que las modificaciones proponen un aumento desproporcionado en las contribuciones, basado únicamente en los ingresos de las empresas, sin considerar los niveles reales de generación de residuos. Esta medida podría reducir la competitividad de las empresas nacionales, generar un escenario de doble tributación y contradecir el principio de razonabilidad.
Además, la fundación señaló que el proyecto no aborda adecuadamente el desarrollo de la industria del reciclaje ni la concienciación ciudadana sobre el manejo de desechos. También criticó los niveles adicionales de burocracia que las modificaciones podrían introducir, limitando la eficacia del sistema de coprocesamiento de residuos.
Llamado a la acción
FINJUS hizo un llamado a que el proyecto sea revisado por una Comisión Especial que evalúe su viabilidad económica y sostenibilidad ambiental. La organización insistió en que cualquier reforma debe enmarcarse en un modelo inclusivo y equitativo, que fomente una gestión integral de residuos sólidos respetuosa de los principios constitucionales.
FINJUS advierte analizar modificaciones a la Ley 225-20
Recientemente, fue aprobado con carácter de urgencia por el Senado un proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El mismo introduce cambios significativos como aumentos en el sistema de pagos y valorización, el uso de materiales aditivos, extensión para la eliminación de plástico, entre otros.
Desde FINJUS advertimos que dichas modificaciones deben ser sometidas a una Comisión Especial que estudie su armonía respecto al ordenamiento jurídico y el impacto económico que pudiesen generar. Las mismas fueron aprobadas sin ser sometidas a consulta pública, excluyendo actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás sectores impactados por la medida.
En efecto, el Tribunal Constitucional ya establecía en su sentencia TC/0458/21 que: “la dimensión material del Estado Social y Democrático de Derecho exige la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos del interés general, sobre todo, en materia de derechos colectivos y difusos como el derecho a un medio ambiente adecuado (…)”. En este sentido, con el conocimiento de estas modificaciones, se vulneran los principios de participación e inclusión.
A lo anterior, se le suma unel aumento desproporcionado de las contribuciones basado en ingresos, que no toma en cuenta los niveles de generación de residuos sólidos y además es desproporcionado, lo que podría generar un impacto negativo en la competitividad de las empresas de sectores productivos a nivel nacional. Ello sin mencionar que con estas disposiciones se violaría el principio de razonabilidad y expondría la posibilidad de presentar un escenario demarcado por la doble tributación.
El manejo de la producción de residuos debe concentrar sus esfuerzos en promover una estructura que combata el tratamiento de los desechos en una industria de reciclaje incipiente que fomente los niveles de concienciación ciudadana, y que elimine los niveles de burocracia en el coprocesamiento de residuos, otorgando atención a los sectores con mayor incidencia para construir un modelo más equitativo y sostenible.
Lograr una gestión integral de residuos sólidos conlleva implementar una estructura que pondere a todos los sectores nacionales. La cantidad de desechos que amenazan el desarrollo viable y seguro del medio ambiente en el país es un tema que debe ser abordado con la participación de la ciudadanía, contando con procesos que involucren las medidas del sector industrial y que a la vez sensibilicen a la ciudadanía para favorecer el fomento de una cultura verde.
De manera oportuna, FINJUS subraya que el proyecto de Ley sea sometido a un estudio que analice su viabilidad económica y su sostenibilidad ambiental. Si bien resulta inevitable existe la necesidad de crear otorgar condiciones que generen cambios significativos en el coprocesamiento de los residuos, estos cambios deben responder al principio de razonabilidad y estar acompañados el mismo debe acompañarse de un ánimo de integración que cumpla conenmarcado en los principios constitucionales que y que involucre a todos los sectores del que conforman el país.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
