Por: Juan Ulises De la Cruz Lluberes
La senadora Faride Raful afirma que personas con incidencias pudieran estar involucradas en el secuestro de Erick Daniel Cordero Guzmán, el joven de 23 años que desapareció sin dejar rastro en agosto de 2021 y su vehículo apareció calcinado en una comunidad de San Cristóbal.
A juicio de la legisladora oficialista, esta sería la razón por la que los resultados de la investigación no han salido a la luz a más de un año del suceso, pese a que existe suficiente evidencia para que las autoridades hayan podido determinar lo que ocurrió.
“Se encontró un vehículo quemado, hay un registro de llamada, una computadora, se dedicaba a un negocio que tiene riesgos. Ahí lo que tenemos que demandar todos es que las autoridades den respuesta, porque tienen más de un año en la investigación. Puede asumirse, incluso, que hay complicidad. Sabemos que esto es posible donde está involucrado el hijo de un general, políticos y un dirigente, donde todos se juntan y se tapan entre sí. Eso no tiene ninguna excusa”, manifestó la senadora del Distrito Nacional.
La afirmación de Faride Raful, autora del proyecto de ley que busca instalar cámaras de vigilancia en varios puntos estratégicos para ayudar con la ubicación de personas, es respaldada por el testimonio de la señora Ana Luisa Guzmán, madre de Erick Cordero, al señalar que su hijo habría sido secuestrado por militares vestidos con chaleco antibala, mientras los policías a cargo de la investigación habrían desaparecido evidencias.
En ese sentido, la dama asegura que confió en las autoridades y entregó la laptop de Erick Cordero a los policías de investigación, pero se la devolvieron un mes después con la memoria y el disco duro vacíos, razón por la que presume que el secuestro habría sido orquestado por personas poderosas vinculadas al Gobierno.
Policías y políticos involucrados
“Detrás del caso de mi hijo hay personas fuertes de poder y no tengo miedo, lo que quiero es saber qué pasó con mi hijo. Mi hijo también era amigo del diputado de San Cristóbal. Dicen que cuando los policías y los abogados no dan detalles es porque hay involucrado un organismo del Estado o un político, y con esas personas era que él se relacionaba”, asegura, al señalar que Erick Cordero estudió con el hijo del confeso narcotraficante César El Abusador en APEC.
Narra que el 17 de agosto de 2021, su hijo recibió una llamada de personas aparentemente conocidas, por lo que salió de su casa con una bermuda negra, T-shirt azul cielo, un celular iPhone y un reloj inteligente. Sin embargo, cuenta que esta es la hora que a pesar de las pruebas audiovisuales que tienen las autoridades judiciales no han recibido ninguna respuesta de su paradero.
Solicita que se inicie una investigación en contra del coronel Gómez, a quien acusa de mantener estancada la investigación con suficientes evidencias para dar con los responsables de lo que ha calificado como un secuestro a plena luz del día, perpetrado presuntamente por militares vestidos con chaleco antibala.
Luisa Guzmán expresa que teme que su hijo haya sido asesinado por una persona con la que habría tenido una discusión el viernes anterior. “Él tenía una discusión con alguien, y es de dinero, porque Erick es muy interesado. Escuché cuando alguien le dijo: yo no cojo esa”, comenta.
Dice esperar que el caso no quede archivado en la Fiscalía, pese a que presuntamente la investigación estaría avanzada en un 85% desde hace más de un año.
Otros desaparecidos
Otro caso de persona desaparecida con el que las autoridades tampoco dan pie con bola, es el del joven licenciado en Derecho Jesús Cuevas Peña, de 30 años de edad. Los familiares dicen que fue visto por última vez la tarde del 6 de octubre de 2022 en los alrededores de un centro comercial en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional, luego de que una compañera lo dejara en ese lugar de trabajo y hasta hoy desconocen su paradero.
“Escucho que suena el timbre y son los amigos personales de él que me dicen ¡Oye! ¿Jesús está en la casa? Y les digo: no. Se miran y me dicen: loco, Jesús no aparece, no nos responde, lo llamamos, su celular está apagado y nada. Entonces, si no está aquí, algo está pasando, me dicen ellos. Tampoco fue a trabajar, tu hermano está perdido”, narra Ariel Cuevas, hermano de Jesús Cuevas Peña.
El plazo fatal de 48 horas
Explica que inmediatamente fueron a la Policía a poner la denuncia, pero les dijeron que debían esperar 48 horas para tomarla e iniciar la investigación. El caso ocurrió el jueves 6 de octubre, pero fue el domingo de esa semana, casi cuatro días después, cuando las autoridades iniciaron las pesquisas.
“Fueron el domingo a la casa y pidieron los dispositivos electrónicos de él, como sus laptops, sus tabletas y teléfonos, pero les dijimos que debían asumir el compromiso de devolverlos. Entonces dejamos que se los lleven a analizar los equipos. Pero es muy tedioso el tiempo que se requiere para empezar a investigar, que son dos días, lo cual no debería porque un minuto puede hacer la diferencia”, manifiesta.
Narra que analizando videos de cámaras colocadas en lugares donde personas decían verlo, perdieron cuatro días, sobre todo por el tiempo que tardaba en obtener la orden judicial. Pero luego comprobaron que no era su hermano, sino personas con algún parentesco físico.
Descarta que padeciera alguna situación de salud o que estuviera pasando por situación emocional. Asimismo, han pedido la colaboración de los negocios para revisar las cámaras de seguridad de la zona.
Comenta que en el país solo existe un departamento con diez personas para dar respuesta a los casos de desaparecidos en toda la geografía nacional, razón por la que considera que muchos casos quedan sin resolverse.
Senadora Faride Raful
Esta inquietud es compartida por la senadora Faride Raful, autora del proyecto de ley que busca instalar cámaras de vigilancia en varios puntos estratégicos para ayudar con la ubicación de personas, al plantear que se trata de un problema estructural, ya que persisten carencias de recursos humanos y económicos para proceder a la investigación.
En ese sentido, la legisladora sostiene que la carencia con la que el Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan, es uno de los principales problemas que caracterizan el tema de las desapariciones en la República Dominicana.
Puntualiza que el Departamento de Investigaciones de Homicidios y de Desapariciones apenas tiene cuatro fiscales para el Distrito Nacional, pero con funciones múltiples que dificultan la eficiencia y eficacia de su labor, a pesar del esfuerzo que realizan.
“Y para que ustedes tengan una idea… son los mismos fiscales que hacen el levantamiento cuando hay un homicidio o un asesinato, cuando debe hacerse una investigación y cuando hay un desaparecido. Faltan recursos humanos para poder seguir trabajando. Estos cuatro fiscales lo dan todo, pero no dan abasto, apenas tienen dos policías asignados, no tienen más personal, pero también cuando les fallan las herramientas tecnológicas el trabajo les resulta más difícil”, plantea.
Raful señala que para poner una denuncia de persona desaparecida hay que dirigirse a un mismo lugar aunque se viva a kilómetros.
Explica que esta fue la razón por la que el 7 de octubre presentó una resolución en la que solicita al presidente Luis Abinader que se instale una cadena de vigilancia de manera subyacente en el Malecón de Santo Domingo y zonas aledañas.
Por qué las cámaras en el Malecón
La congresista oficialista dice que escogió ese lugar porque a la fecha no existe una sola cámara de vigilancia instalada en el Malecón de Santo Domingo. “Entonces, los fiscales dicen que hay casos de desaparecidos que los indicios indican que se debe investigar lo que pudo ocurrir en las orillas del mar, porque hay personas que atentan contra su vida y otras las lanzan al mar para ocultar evidencias”, precisa.
Considera que la falta de cámara impide que la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan establecer con precisión hasta dónde llega una persona desaparecida. En este sentido, señala que se ha seguido el rastro con cámaras de vigilancia a personas que se han visto caminando en zonas aledañas, pero se han perdido cuando llegan al Malecón.
Es por ello que aprovecha su condición de senadora para solicitar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 la instalación de cámaras de vigilancia, desde la Autopista 30 de Mayo hasta la Avenida del Puerto. “Esta es nuestra primera resolución para acompañar a las autoridades en las demandas que tienen y sean más eficientes en las búsquedas de soluciones”, agrega, al señalar que estos casos se repiten a nivel nacional.
Policía desestima el plazo de 48 horas
En relación al plazo de 48 horas que se requiere para reportar las personas desaparecidas, Raful indicó que el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dispuso recientemente que los organismos de investigación actúen desde que los familiares reporten el caso.
“Un minuto, media hora, una hora puede ser la diferencia. Pero van a actuar con las precariedades que estamos diciendo aquí, porque se requieren más recursos para poder garantizar mayor eficiencia”, plantea.
La senadora del Distrito Nacional plantea que la solución al problema de las personas que desaparecen en el país debe manejarse desde dos ejes fundamentales. En primer lugar, sugiere la implementación de políticas públicas para disponer recursos económicos con el fin de eficientizar el trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional y; segundo, romper con las complicidades que da el poder.
