Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este miércoles la apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar un soborno a una persona sometida a investigación.
El juez Raymundo Mejía admitió la acusación, los elementos probatorios y la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.
La decisión permite que el expediente pase a un tribunal colegiado, donde las partes discutirán las pruebas. El auto de apertura no representa una declaración de culpabilidad.
El tribunal programó para el 4 de noviembre de 2026 la lectura íntegra de la decisión.
Ministerio Público apelará variación de medida
El procurador de corte Eduardo Velázquez informó que el órgano acusador recurrirá la variación de la medida de coerción dispuesta por el juez.
El comunicado del Ministerio Público no especifica cuál medida recibió Valdez Alcántara en sustitución de la prisión preventiva.
Velázquez sostuvo que todavía existe peligro de fuga y destacó que el tribunal mantuvo la calificación relacionada con lavado de activos.
“El juez valoró la acusación del Ministerio Público conforme a la ley y dictó auto de apertura a juicio”, declaró el procurador.
El funcionario aseguró que presentarán el expediente durante la próxima fase con el propósito de obtener una condena. Esa posición corresponde a la parte acusadora.
Acusación por solicitud de dinero
Según el expediente, Valdez Alcántara participó como fiscal en el interrogatorio de una persona investigada dentro de un proceso vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público sostiene que, después del interrogatorio realizado en diciembre de 2025, el entonces fiscal contactó al investigado mediante WhatsApp.
La acusación establece que inicialmente le habría solicitado US$200,000 a cambio de ofrecerle ayuda. La suma habría bajado posteriormente a US$150,000 durante las conversaciones.
Los fiscales también le atribuyen interés en un reloj Rolex y la exigencia de un vehículo Mercedes-Benz.
Las autoridades arrestaron a Valdez Alcántara después de una entrega controlada de US$10,000 realizada en marzo, según la versión del Ministerio Público.
Renunció a sus funciones de fiscal
Cuando ocurrieron los hechos investigados, Valdez Alcántara formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El proceso comenzó en la jurisdicción privilegiada debido a su condición de fiscal. Tras su renuncia, el expediente pasó a la jurisdicción ordinaria.
El Ministerio Público le atribuye presuntas violaciones al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Valdez Alcántara conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal emita una sentencia definitiva.
