Los cientos de ciudadanos estadounidenses que habrían sido estafados por los integrantes de la red de ciberdelitos desmantelada mediante la Operación Discovery están en la disposición de participar en el proceso judicial, que se conoce en el distrito judicial de Santiago, conforme al Ministerio Público.
Así lo expresó la fiscal Sourelly Jáquez a periodistas luego de que la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Atención Permanente, decidió recesar la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de los 39 encartados en el proceso. La vista sigue el miércoles a partir de la 11:30 de la mañana.
La magistrada Jáquez indicó que los extranjeros estafados, quienes superan los 80 años de edad en su mayoría, residen en Chicago, Nueva York, New Jersey, Illinois, Texas y otras ciudades de Estados Unidos.
Por otro lado, la funcionaria judicial informó que en el Palacio de Justicia se vieron obligados a reforzar las medidas de seguridad, tras detectar la presencia de miembros de las bandas Los Trinitarios y Latín Kings en dichas instalaciones.
Refirió que entre los imputados hay varios miembros de esas organizaciones delictivas.
Esteban Pérez, abogado de dos de los imputados, en respuesta a lo planteado por la fiscal Sourelly Jáquez pidió que sean incorporados al proceso los equipos legales de las personas que supuestamente fueron estafadas por sus clientes.
Mientras que Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), señalado como el cabecilla de la presunta organización, sostuvo que el Ministerio Público está presionando a los jueces para encarcelarlo “sin tener pruebas”.
Solicitud
El Ministerio Público está pidiendo que al grupo se le imponga prisión preventiva por 18 meses y que el caso sea declarado complejo.
Otros imputados
También están acusados de formar parte de la red Kimberly Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
Asimismo, Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
Además, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
Los imputados formaban supuestamente parte de una red que, utilizando medios electrónicos, cometió estafas multimillonarias, extorsión y despojó de sus pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses, a través de una estructura que operaba desde call centers.