SANTO DOMINGO.- Aunque el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, citaba ayer como irregularidad que el Corredor Núñez de Cáceres no se haya otorgado como parte de un proceso de licitación, hay otros aspectos a tomar en cuenta para evaluar la legalidad o ilegalidad de lo que se hizo.
El proceso de adjudicación del corredor y todo lo que implica sacar los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobúses (OMSA) de la Núñez de Cáceres para monopolizar esa avenida con solo una opción de transporte colectivo, podría evaluarse tomando como norma la ley de alianza público-privada y no la de contrataciones públicas.
Sobre el tema habló hoy el abogado Eduardo Núñez durante el programa El Despertador del Grupo SIN.
“Recientemente se ha adherido a nuestro ordenamiento jurídico la Ley de Alianzas Público-Privadas que también podría ser una posibilidad en la cual un ente privado presente un proyecto (…) en el cual se modifiquen, se mejoren varias rutas… Una vez presentado el proyecto, se llamaría a todo el que quiera participar y el estado, a esos que participan, escoge uno escoge dos y le da las rutas alimentadoras”, explicó.
Además de esto se refirió a las implicaciones legales que tendría con este proyecto la vinculación de un funcionario y un legislador con la empresa beneficiada, aspectos podrían entrar en riña con la ley.
