Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó ante la justicia una descripción detallada del entramado criminal que, según su solicitud de medida de coerción, operó dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), encabezado presuntamente por su entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo Hazim Albainy, y un grupo de funcionarios y empresarios vinculados al sector salud.
De acuerdo con el documento oficial, la estructura habría sido creada con el propósito de sustraer recursos públicos, manipular procesos internos y ejecutar maniobras de corrupción administrativa y lavado de activos, provocando un daño significativo al patrimonio del Estado y afectando la sostenibilidad de los fondos destinados a servicios de salud de los afiliados.
Creación de una red criminal interna
El Ministerio Público sostiene que la red criminal “se articuló en el seno de ARS-SeNaSa” y que sus líderes instalaron un sistema para obstruir la transparencia institucional, evitar controles internos y garantizar la continuidad de las prácticas fraudulentas.
Entre las maniobras señaladas destacan:
- Creación de “programas especiales” sin sustento técnico o financiero, usados como vía para recibir sobornos.
- Adulteración crónica de los estados financieros, mediante el cierre fraudulento del borderó y manipulación de registros contables.
- Desvío de fondos estratégicos de las reservas técnicas, comprometiendo la solvencia de la institución.
- Cooptación de funcionarios clave, incluyendo áreas de análisis financiero, contabilidad y tecnología.
- Violación de controles internos, mediante un sub-registro sistemático de obligaciones financieras.
Según la evidencia citada por el Ministerio Público, las maniobras fraudulentas causaron un impacto de más de RD$15,921 millones en las reservas técnicas hasta 2024.
Contratos fraudulentos y lavado de activos
La solicitud indica que la alta gerencia imputada habría direccionado contratos fraudulentos por sumas millonarias en perjuicio del Estado y habría creado una red de empresas de carpeta para generar facturas ficticias, simular operaciones comerciales y legitimar fondos ilícitos provenientes de sobornos.
El Ministerio Público asegura que, una vez realizadas las transferencias por servicios inexistentes, el dinero se retiraba en efectivo para completar el pago de sobornos a funcionarios.
Negociaciones irregulares y facturación falsa
El documento detalla prácticas como:
- Otorgamiento o restitución irregular de códigos a prestadores de servicios de salud, incluso cuando habían sido cancelados.
- Emisión masiva de facturación ficticia por servicios no prestados.
- Sobrefacturación a SeNaSa mediante tratamientos inflados, incluyendo casos oncológicos, cardiovasculares, endoscopías y hemodiálisis facturadas a personas fallecidas.
Propiedades a nombre de testaferros y obstrucción de la investigación
El Ministerio Público también señala que parte de los recursos presuntamente desviados se utilizó para adquirir bienes registrados a nombre de terceros. Además, acusa a los imputados de obstaculizar la investigación ocultando información y retrasando la entrega de documentos solicitados por las autoridades.
Origen de la investigación
Según el expediente, la indagatoria inició a partir de reportes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que advirtieron sobre anomalías como:
- Incrementos injustificados en servicios.
- Distorsiones en controles internos.
- Adulteraciones en sistemas de registro y contabilidad.
El Ministerio Público concluye que las evidencias muestran “la existencia de un entramado delictivo estructurado”, orientado a manipular procesos, vulnerar procedimientos y beneficiarse ilícitamente de fondos destinados a la salud de la población más vulnerable.
Creación de un comité paralelo de contrataciones
El documento también detalla que, tras su llegada a la institución en agosto de 2020, Santiago Hazim Albainy creó un “Comité de Contrataciones Médicas” sin sustento legal, integrado por colaboradores de su círculo cercano. Según la acusación, este comité operaba al margen de la Ley 340-06 y se utilizó para aprobar contratos de prestadores vinculados a intereses políticos, personales y económicos del exdirector.
El Ministerio Público afirma que dicho comité recibía órdenes directas del imputado y que algunas de las decisiones se justificaban con expresiones como: “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”.
