Santo Domingo.– Ante las constantes interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a distintos sectores del país, el Gobierno dominicano declaró de emergencia nacional todas las compras y contrataciones relacionadas con el sector eléctrico. La medida busca aumentar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad y fortalecer la infraestructura energética.
El decreto 517-25, firmado el 8 de septiembre por el presidente Luis Abinader, faculta a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), a la Central Termoeléctrica Punta Catalina y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana a realizar adquisiciones y contrataciones de manera expedita.
Qué incluye la emergencia
Entre las acciones previstas se contemplan:
- Instalación de nuevas unidades de generación térmica de respuesta rápida.
- Planificación y construcción de sistemas de almacenamiento energético, como bancos de baterías.
- Adquisición de equipos, repuestos y materiales para mejorar la distribución, transformación, medición y cobro de electricidad.
- Proyectos de rehabilitación y expansión de redes, con contratos enfocados en reducir pérdidas y gestionar la demanda de usuarios no regulados.
- Contratación de consultorías técnicas, jurídicas y ambientales, así como estudios financieros, de ingeniería y geología necesarios para la ejecución de los proyectos.
Objetivos y supervisión
La declaratoria busca ampliar la matriz de generación eléctrica para atender el aumento sostenido de la demanda, particularmente en zonas urbanas y polos turísticos. Además, busca mitigar los apagones actuales y sentar bases para una transformación estructural del sistema eléctrico nacional.
El Gabinete del sector eléctrico, presidido por el ministro Joel Santos, será responsable de supervisar que los procedimientos se cumplan correctamente. La emergencia tendrá vigencia por un año a partir del 8 de septiembre, con posibilidad de prórroga mediante nuevo decreto presidencial.
Retos y advertencias
Aunque en los últimos años se han registrado avances en infraestructura energética, persisten desafíos como altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas y la presión constante por el incremento de la demanda. Sectores críticos del país advierten que la celeridad en las contrataciones debe estar acompañada de transparencia y fiscalización rigurosa para garantizar resultados efectivos.
