Quito (EFE). – El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó en medio del juicio político en su contra la denominada “muerte cruzada”, que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por “grave conmoción interna y política”. Después de haber comparecido el martes ante la Asamblea. Para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado.
El mandatario recurrió a la “muerte cruzada” antes de que inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara. Para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
“Grave crisis política”
“Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza”, dijo Lasso en el inicio de su mensaje .
Anotó que la solución debe poner fin a “una confrontación irracional e inútil”. Y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos “a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
Comentó que en los últimos dos años, “un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido”.
Lasso añadió que el proyecto desestabilizador “subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo”. Y “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado”.
“Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción”, dijo sobre la acusación de la oposición
Para el gobernante, se trata de “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo, es el mecanismo para destituir al presidente”.
“Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar absolutamente nada”, subrayó.
El gobernante apuntó que se ha esforzado “para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad (…) pero el ataque a la gestión de este Gobierno no tiene límites”.
Como ejemplo, dijo que la oposición ha activado 14 juicios políticos a ministros “para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del Gobierno”,
Consideró que ello es “una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna, que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea”.
Firma decreto
Lasso aseguró que “para dar una salida constitucional” decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República. Que le otorga la Facultad de disolver la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna”.
Además, solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en la próxima elección”, agregó al indicar que esto permite al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de la familia ecuatoriana.
“A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado”, dijo al avanzar que ya ha firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía.
Lasso subrayó que los servicios públicos atenderán con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad y que el sector privado “tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país”.
Autoridades cercan el Parlamento de Ecuador
Decenas de militares y policías han cercado la Asamblea Nacional de Ecuador, institución disuelta este miércoles por el jefe de Estado, Guillermo Lasso.
Los militares y policías, ataviados con equipo antimotines, rodean el edificio de la Asamblea, que también tiene el paso restringido a varias cuadras.
El general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que la decisión de Lasso está fundamentada legalmente por lo que debe “ser respetada” por todos los ciudadanos.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, dijo en un mensaje difundido este miércoles.
Al mismo tiempo, añadió que están “seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.
“En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”, agregó.
Proaño formuló un llamamiento a la unidad de los ecuatoriano para “mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz y un país con libertad y dignidad.
Rafael Correa califica de ilegal la “muerte cruzada”
El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró que es ilegal la “muerte cruzada” decretada por el actual presidente, Guillermo Lasso. Lo que implica la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y el adelanto de elecciones generales.
En un mensaje en redes sociales, Correa cuestionó el argumento de “grave conmoción política e interna” esgrimido por Lasso para recurrir a esta figura constitucional.
“Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, dijo Correa.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución”, añadió.
Seguidamente, el expresidente ecuatoriano incidió en el contingente militar que desde primeras horas de la mañana se dispuso en los exteriores de la Asamblea al indicar que “se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella”.
El juicio político contra Lasso
El juicio político, promovido por un grupo de fuerzas opositoras, entre ellas el grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (Unes), afín a Correa; y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), a los que se unieron algunos miembros del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática (ID) y otros legisladores independientes.
La oposición lanzó el juicio en el momento de mayor debilidad de Lasso en sus casi dos años de mandato. Después de su dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero. Donde el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas a la Constitución y el correísmo fue el triunfador de las elecciones locales.
La acusación se basó en un supuesto peculado producido a partir de unos contratos de transporte marítimo de petróleo con presuntas condiciones perjudiciales para el Estado firmados por la empresa estatal Flopec y la firma privada Amazonas Tankers.
La oposición señaló a Lasso por no haber hecho supuestamente nada para rescindirlo. Lasso rebatió que fueron firmados en la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021). Y, ya bajo su gestión, se aplicaron cambios para mejorar las condiciones.
El juicio se inició formalmente en el pleno de la Asamblea el martes, donde Lasso presentó su alegato de defensa en el que tildó el proceso de un asalto institucional llevado a cabo por la oposición y reiteró que la acusación es infundada.
