Santo Domingo. – Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal Dominicano, los funcionarios deberán vigilar aún más sus actuaciones, pues podrían enfrentarse a castigos severos, con penas hasta de 20 años de prisión y multas millonarias.
La nueva legislación sanciona la coalición de funcionarios, concusión, tramitación de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, el cohecho y tráfico de influencias, de manera pasiva o activa, la malversación de fondos y la obtención ilegal de beneficios económicos.
Además, el enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, alteración de precios, la sobrevaluación ilegal, el peculado, la distracción de recursos hechos por terceros con concurso de funcionarios públicos y el pago irregular de contratos administrativos.
De acuerdo con el artículo 285 que sanciona la corrupción, en su párrafo II, “cuando la suma o los valores envueltos en la infracción supere los mil salarios mínimos del sector público, se sancionará con diez a veinte años de prisión mayor y multa de diez a veinte veces la suma involucrada en la infracción, e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de veinte a treinta años, contados a partir del cumplimiento de la prisión”.
En los casos en que el funcionario o servidor reciba, exija u ordene percibir algún tipo de comisión, contribución, valores o fondos, será penalizado por incurrir en la concusión con 5 a 10 años de prisión mayor y multa de hasta 10 y 20 veces del monto recibido.
Los que obtengan ilegalmente beneficios económicos de una empresa u operación serán castigados con 5 a 10 años de prisión y multa entre 10 a 20 veces por la suma recibida.
Mientras, los que durante el ejercicio de sus funciones o luego de haber cesado en el cargo no justifiquen la procedencia de su enriquecimiento patrimonial ni el origen licito de los bienes a su nombre, será reputado como autor de enriquecimiento ilícito y sancionados con 5 a 10 años de prisión mayor y multa de entre 4 a 10 veces el valor.
El nuevo Código Penal aborda de manera destacada el tema de la corrupción e impone castigos a los funcionarios o servidores públicos que valiéndose de su posición obtengan para sí o terceros beneficios económicos o utilice los bienes del Estado para provecho particular o privado.
