Brasilia (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, afirmó este martes que la supuesta trama liderada por el líder ultraderechista planeó «detalladamente» asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva y a otras autoridades, para mantenerse en el poder.
«Ese plan está ampliamente comprobado en los autos. Hay un exceso de pruebas», dijo De Moraes en la Primera Sala del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio oral contra el ex jefe de Estado y otros siete antiguos colaboradores por golpismo, en Brasilia.
Según la Fiscalía, el supuesto complot elaboró un plan, que bautizó ‘Puñal Verde y Amarillo’, para asesinar a Lula, así como a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al propio Alexandre de Moraes, que en la época era presidente del Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar las elecciones en Brasil.
La existencia de ese plan fue confirmada en la fase de instrucción por el general retirado del Ejército Mário Fernandes, quien fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro y confesó ser el autor del mismo.
La investigación indicó que el antiguo asesor de Bolsonaro, también imputado, imprimió el documento con la operación para cometer el magnicidio en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y posteriormente se dirigió al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en noviembre de 2022, cuando Bolsonaro era aún presidente.
Según la Fiscalía, Bolsonaro tuvo conocimiento y avaló el plan para asesinar a Lula.
Un complot de Bolsonaro para «perpetuarse en el poder»
El magistrado De Moraes sostuvo también que la trama tuvo una «finalidad muy clara»: evitar los frenos y contrapesos del Poder Judicial y «perpetuarse en el poder», sin respetar las reglas de la democracia e independientemente del resultado de las elecciones de 2022, en las que venció Lula.
De Moraes dijo que la supuesta trama, «bajo el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro», operó entre mediados de 2021 y el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del líder ultraderechista invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Lula, quien había asumido una semana antes.

Según el magistrado, la supuesta organización actuó mediante «la división de tareas» y de «forma permanente y jerarquizada» para poner en práctica «varios actos» con la finalidad de «consumar» un golpe.
De Moraes -objeto de sanciones por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que promueve una «caza de brujas» contra Bolsonaro»- enumeró «trece actos» en los que la trama golpista fue subiendo el tono de sus «graves amenazas» y poniendo en práctica un presunto plan para revertir la derrota electoral de Bolsonaro.
En esta sesión, el relator hizo un repaso detallado de las investigaciones y las acusaciones formuladas por la Fiscalía, que ha pedido condenar a Bolsonaro y a los otros siete reos, entre ellos exministros y mandos militares, por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.