Santo Domingo. – Una voz de alerta se levantó desde el sector educativo. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) se pronunció este mhttps://eyr.com.do/tag/minerd/artes sobre el proyecto de ley que introduce cambios a la Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para 2026. Según la entidad, el texto propuesto le resta RD$2,000 millones al gasto educativo efectivo que maneja el Ministerio de Educación.
Aunque el monto global asignado al capítulo del Minerd luce igual sobre el papel, según indicó Educa, la modificación cambia el destino real de esos recursos.
El análisis técnico
De acuerdo con el estudio realizado por la organización, en el Cuadro 2 del proyecto se aprecia una rebaja de RD$2,000 millones al capítulo 0206. Ese capítulo, según explicaron desde la institución, corresponde al Ministerio de Educación en la partida de gastos.
Paralelamente, según el análisis, en el Cuadro 3 se coloca esa misma cifra en el mismo capítulo, pero esta vez dentro del renglón de aplicaciones financieras.
Cambio en el uso de los fondos
Para Educa, el detalle no es menor. Aunque el techo nominal del Minerd no varía, según señaló la organización, sí se altera la naturaleza y el destino que pueden tener esos recursos.
Los fondos, según indicaron desde la entidad, dejan de estar catalogados como gasto para financiar bienes, servicios e intervenciones educativas. Ahora, según explicaron, se destinarán a cubrir obligaciones u operaciones financieras.
Las palabras de Yahaira Sosa Machado
Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de Educa, ofreció su valoración sobre lo que ocurre con la modificación.
«Quien observe únicamente el monto global asignado al Ministerio podría concluir que no existe reducción alguna. Sin embargo, cuando se examina su clasificación económica, se comprueba que RD$2,000 millones dejan de estar disponibles como gasto educativo efectivo», declaró.
La diferencia con las aplicaciones financieras
Según indicó Sosa Machado, comprender esa clasificación es clave para entender el alcance real del ajuste.
De acuerdo con la directora, las aplicaciones financieras están asociadas a actividades muy puntuales. Entre esas menciona la amortización de pasivos, la redención de títulos y otras transacciones de esa índole.
Según puntualizó, ese tipo de partidas no está vinculado a la producción directa de servicios públicos.
El mandato de la Ley de Educación
Sosa Machado también trajo a colación lo que dispone la normativa educativa dominicana.
De acuerdo con su explicación, el artículo 197 de la Ley General de Educación núm. 66-97 fija que el gasto público anual en educación debe alcanzar como mínimo el 16% del gasto público total o el 4% del producto interno bruto estimado. La ley, según recordó, ordena aplicar el valor que resulte mayor entre ambos parámetros.
Impacto sobre la brecha del 4%
De acuerdo con Educa, la reclasificación planteada no aporta al cierre de la brecha que existe frente al financiamiento que exige la ley para el sector educativo.
«La reclasificación propuesta no contribuye a cerrar la brecha existente respecto del financiamiento legal de la educación, sino que disminuye todavía más el gasto efectivo disponible», apuntó Sosa Machado.
Una reflexión sobre el 4%
La directora ejecutiva también invitó a mirar más allá del monto y a evaluar los resultados obtenidos tras más de diez años del 4%.
«Después de más de una década de aplicación del 4%, el país no solo debe preguntarse cuánto asigna a la educación, sino cuánto aprendizaje, equidad y movilidad social obtiene de cada peso invertido. La respuesta a una gestión que debe mejorar no puede ser retirar recursos del aula, sino transformar la manera en que se planifican, ejecutan y evalúan», agregó.
Una propuesta hacia adelante
Sosa Machado también planteó lo que, a juicio de Educa, debería exigirse en las próximas decisiones sobre el presupuesto educativo.
Según indicó, la organización estima viable que esas decisiones queden atadas a un plan de reforma verificable. Ese plan, de acuerdo con la propuesta, debe incluir metas claras, indicadores concretos, responsabilidades institucionales bien definidas y mecanismos de rendición de cuentas periódicos.
Partidas que deben protegerse
Al cierre, la directora ejecutiva enfatizó cuáles son las partidas que, según Educa, deben quedar blindadas de cualquier ajuste.
«Ese proceso debe proteger especialmente las partidas de mayor valor pedagógico, entre ellas las destinadas a materiales educativos, acompañamiento docente, evaluación, innovación, mantenimiento de los centros y apoyos directos al aprendizaje», precisó.
