AP. – Un jurado federal de Manhattan declaró culpables el miércoles a dos veteranos supervisores de la DEA de filtrar información confidencial a abogados defensores como parte de una conspiración de sobornos que, según los fiscales, puso en peligro casos destacados y la vida de informantes del narcotráfico en el extranjero.
El jurado halló a John Constanzo Jr. y a Manny Recio culpables de soborno y fraude electrónico tras un juicio de dos semanas que colocó bajo los reflectores la forma en que la agencia antinarcóticos estadounidense maneja secretos gubernamentales, incluido el testimonio sobre una filtración tan delicada que el juez cerró la sala para evitar lo que consideró podrían ser «graves repercusiones diplomáticas».
«Es acerca de codicia y corrupción», dijo la fiscal federal adjunta Emily Deininger en su alegato final. «Lo que hacían estaba mal, y lo sabían».
Recio y Costanzo ingresaron a una creciente lista de más de una decena de agentes de la DEA que han sido declarados culpables de cargos federales en los últimos años, incluido uno que lavaba dinero para cárteles colombianos. El juicio de otro agente está previsto para enero, bajo cargos de que aceptó 250,000 dólares en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.
La DEA rechazó comentar sobre el veredicto.
Gran parte del caso se basó en mensajes de texto y llamadas intervenidas entre los agentes, que siguieron siendo cercanos luego de que Recio se jubiló de la DEA en 2018 y empezó a reclutar clientes como investigador privado para abogados defensores en Miami.
Recio pidió en varias ocasiones a Costanzo que consultara nombres de una base de datos confidencial de la DEA para mantenerse al tanto de investigaciones federales que interesarían a sus nuevos empleadores. Los dos hombres también hablaron sobre el momento en que se realizarían detenciones de alto perfil, y la fecha exacta de 2019 en que los fiscales planeaban presentar cargos contra el empresario Alex Saab, uno de los principales objetivos delictivos a ser capturados en Venezuela y sospechoso de ser el cobrador del presidente del país, Nicolás Maduro.
A cambio, señalaron los fiscales, Recio transfirió en secreto 73,000 dólares en compras a Costanzo, incluidos boletos de avión y el enganche para su condominio en los suburbios de Coral Gables, Florida.
La trama dependía de intermediarios, incluido el padre de Costanzo, agente jubilado y condecorado de la DEA que, según los fiscales, mintió al FBI. Los fiscales dijeron que Costanzo y Recio también utilizaron facturas falsas y una empresa cuya dirección figuraba como tienda de UPS para disimular los pagos de sobornos, al tiempo que borraban cientos de mensajes y llamadas efectuadas a un teléfono desechable.
«Una y otra vez ocultaron y mintieron», dijo Deininger. «A Recio y Costanzo les importaba tanto el dinero que pusieron en riesgo a personas e investigaciones».
Recio y Costanzo no testificaron, pero han rechazado los cargos desde hace tiempo. Sus abogados dijeron que los fiscales no lograron vincular los pagos con las filtraciones, procurando hacer ver que la investigación fue especulativa y descuidada.
«Eso es una notable falta de pruebas», dijo el abogado defensor Marc Mukasey a los miembros del jurado en su resumen. «En un caso sobre sobornos y asociación delictuosa, nadie testificó sobre sobornos y asociación delictuosa».
La defensa también puso en duda la credibilidad del testigo clave Jorge Hernández, un delincuente e informante que implicó primero a Recio y portaba un micrófono para que el FBI lo grabara. Hernández, una figura fornida y calva conocida por el apodo de Boliche, dijo que había sido colocado en la lista negra de informantes de la DEA y sería ejecutado «en dos horas» si alguna vez regresaba a su natal Colombia.
El proceso se caracterizó por la presencia de otras figuras destacadas que evitaron ser acusadas, como los abogados defensores Luis Guerra y David Macey, radicados en Miami, que fueron mencionados en repetidas ocasiones pero no fueron convocados a testificar.
Los abogados valoraban el que se les notificara previamente de las detenciones federales, ya que cortejaban a clientes con grandes fortunas, usualmente con el objetivo de negociar un acuerdo de cooperación con el gobierno. Los fiscales dijeron a los miembros del jurado que los «abogados corruptos» habían «pagado generosamente por los secretos de la DEA», pero no han explicado por qué no se acusó a ninguno de ellos.
Guerra y Macey no han respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios. Tampoco lo ha hecho el Colegio de Abogados de Florida, en el que ambos abogados aparecen como miembros en regla.
«Este juicio ha revelado las oscuras entrañas de la abogacía defensora del narcotráfico», dijo Bonnie Klapper, exfiscal federal que ahora defiende a acusados de lavado de dinero y narcotráfico. «Si la evidencia es como se presentó durante el juicio, es impactante que los propios abogados no fueran acusados».
