Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) otorgó un plazo de 15 días hábiles a funcionarios y servidores públicos que posean participación en empresas proveedoras del Estado para suspender su Registro de Proveedor del Estado (RPE).
La disposición se basa en la aplicación de la Ley 47-25, que establece un régimen de incompatibilidad absoluta para contratar con instituciones públicas cuando exista cualquier nivel de participación societaria de funcionarios, sin importar el porcentaje.
La entidad exhortó a quienes se encuentren en esta situación a solicitar de manera voluntaria la suspensión de su registro dentro del plazo establecido.
Según la circular DGCP44-PNP-0001-2026, si no se cumple con la medida, la institución procederá a suspender el RPE de oficio conforme a lo previsto en la normativa vigente.
Quiénes no pueden contratar con el Estado
La legislación define un listado de cargos que tienen inhabilidad absoluta para participar como oferentes o firmar contratos con el sector público. Entre ellos figuran el presidente y vicepresidente de la República, ministros, legisladores, jueces, miembros de órganos constitucionales, autoridades municipales y altos funcionarios de la administración pública.
También quedan impedidas las empresas en las que estas personas tengan participación accionaria o desempeñen funciones directivas o administrativas.
La DGCP explicó que estas disposiciones buscan prevenir conflictos de interés y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Procedimiento para la suspensión
La solicitud debe realizarse mediante el formulario disponible en el portal institucional de la DGCP, en la sección destinada a proveedores del Estado.
La institución señaló que el plazo otorgado garantiza el debido proceso administrativo, al permitir a los afectados regularizar su situación antes de aplicar medidas coercitivas.
Finalmente, el órgano rector reiteró su compromiso con la integridad y la transparencia del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, destacando que la nueva normativa refuerza los controles sobre las relaciones entre funcionarios y empresas contratistas.
