Santo Domingo.– La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, afirmó que el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas, modificó su testimonio ante el tribunal del caso Operación Calamar, aclarando que el exfuncionario no participó en los hechos de corrupción y que, por el contrario, intentó desmantelar la red irregular que operaba dentro de esa dependencia estatal.
Defensa asegura cambio clave en testimonio
El abogado Eduardo Núñez, representante de Guerrero, sostuvo que las declaraciones más recientes de Chalas difieren “de forma sustancial” de las ofrecidas en 2023, ya que en esta ocasión el testigo reconoció que el exministro buscó erradicar las prácticas ilícitas que afectaban a la institución.
“Lo que se ha producido es una variación evidente en su declaración. En su testimonio actual, Chalas aclaró que Donald Guerrero no fue parte de esa estructura, sino que trató de desmontarla”, expresó Núñez.
El jurista explicó que, según lo expuesto en audiencia, Chalas identificó como principales responsables de las irregularidades a Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), desligando a Guerrero de cualquier beneficio económico o participación directa.
Defensa: “No hay evidencia que vincule a Guerrero”
Núñez enfatizó que el nuevo testimonio refuerza la posición de la defensa, que desde el inicio ha sostenido que su cliente actuó con transparencia.
“El propio Ministerio Público tiene en sus manos una declaración que demuestra que Guerrero no fue parte de esa mafia, sino uno de los que intentó ponerle freno”, añadió.
Chalas admite hechos ante la jueza
Durante la audiencia del jueves, Óscar Arturo Chalas admitió su responsabilidad en las irregularidades de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, como parte de un acuerdo de colaboración con la Procuraduría. En su exposición, reconoció cómo operaba la estructura de corrupción y mencionó a varios implicados, pero sin señalar a Guerrero como participante.
Contexto del caso Calamar
El expediente de la Operación Calamar imputa a más de una decena de exfuncionarios y empresarios por el presunto desvío de más de RD$19,000 millones del erario.
El Ministerio Público sostiene que los fondos fueron desviados mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, así como sobornos para financiar campañas políticas durante el proceso electoral de 2020.
Entre los principales acusados figuran José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver Peña, y Donald Guerrero.
El proceso judicial se encuentra en fase preliminar, mientras el tribunal evalúa pruebas y acuerdos de colaboración.
La defensa del exministro reafirmó que “cada nueva audiencia desmonta la versión del Ministerio Público”, sosteniendo que Guerrero no tuvo participación en la red y que las propias declaraciones de los testigos corroboran esa posición.
