Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez calificaron este miércoles como una “chapucería” el informe emitido por la Cámara de Cuentas en el que establece que se hicieron pagos millonarios de manera irregular durante la construcción y remozamiento de cárceles, puesto en marcha en la gestión del exfuncionario.
Para los defensores de Rodríguez, quien está preso en Najayo por su vinculación al caso de corrupción denominado Medusa, los miembros de la Cámara de Cuentas se dejaron presionar del Ministerio Público debido a que el plazo que estos tienen para presentar la acusación formal está a punto de vencer.
“Esto es un gesto de desesperación porque (los procuradores adjuntos) Yeni Berenice ni Wilson Camacho no podían esperar… le pusieron un cohete a la Cámara de Cuentas”, expresó el jurista Carlos Balcácer.
La defensa dijo que los miembros del órgano fiscalizador no respondieron la réplica que le enviaron una semana antes de que emitieran el informe. “Se hizo de espalda a lo que fue el escrito de réplica de Jean Alain, no se valoraron las pruebas, no se valoran los argumentos y en ese sentido es un informe violatorio de todos los derechos pasible, incluso, de nulidad”, manifestó el abogado Franscio Franco.
En ese sentido, Balcácer calicó como “analfabetos del derecho” y “serviles del Ministerio Público” al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, como también a los miembros Tomasina Tolentino y Elsa Peña, quienes firmaron el informe.
Insistieron en que en el informe no se hablan ni de sobreevaluaciones y ni de sobornos, a pesar de que la en el resumen ejecutivo de los hallazgos de los auditores durante la investigación hecha a solicitud de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como parte caso Medusa, establece que se hicieron desembolsos por RD$529,957,818 y que hay expedientes de procedimientos incompletos.
La Cámara establece que durante la administración de Rodríguez se hicieron adjudicaciones a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección por más de RD$109 millones de pesos, así como adjudicaciones a socios sin registro de proveedor del Estado por RD$510 millones.
La defensa del exprocurador dijo que informe fue filtrado por el Ministerio Público sin haber sido notificado al investigado “con miras a generar un espectáculo mediático en descrédito de su cliente, a sabiendas que los hallazgos contenidos en el mismo no son de carácter punitivos sino incumplimientos administrativos”.
