Santo Domingo. – El abogado Romer Jiménez, parte de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, declaró este miércoles que, en el caso de su defendido, se encuentran asistiendo la instauración de una especie de “terrorismo judicial”.
Dijo que en los dos años que lleva el proceso han denunciado una serie de “violaciones” a los derechos de su defendido y una de las últimas fue que la Corte de Apelación del Distrito Nacional admitió como denuncia una querella interpuesta por la Fundación Alfredo Novel en contra de Cáceres Silvestre, principal acusado del expediente del caso Coral.
“Estamos asistiendo a la instauración de una especie de terrorismo judicial, tenemos a un Ministerio Público legitimado ante la población, eso lo entendemos porque ha respondido a un clamor de justicia, lo que pasa es que se ha escudado en ese clamor de justicia y en esa persecución a la corrupción, para violar normas elementales del procedimiento penal”, sostuvo.
Jiménez fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Recalcó que tienen dos años recolectando pruebas para estar listos de cara a la audiencia preliminar y así plantear sus ataques contra las acusaciones del Ministerio Público, sin embargo fue hasta el pasado mes de abril que se enteraron de la nueva acusación que no les fue notificada.
“Esa acusación parte de una querella que fue presentada en octubre del año 2021, es decir, hace más de un año se presentó esta querella por una fundación denominada Alfredo Novel y fue entregada al Ministerio Público, el que tenía la obligación, el deber constitucional y en virtud del Código Procesal Penal, de entregarnos enseguida ese documento para poder estudiarlo y poder hacer esa nuestra defensa en relación a esto”, explicó.
En tal sentido, indicó que se han acercado al Congreso de la República para que los senadores y diputados ejerzan la facultad que les da la Constitución, de interpelar a los funcionarios encargados de esta persecución.
Dijo incluso, que están preparados para acudir ante los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, en caso de que los tribunales y el Congreso no les den la razón.
“Nosotros hemos exigido el respeto a los derechos que tiene nuestro cliente como imputado, el Ministerio Público tiene derecho de hacer su investigación, sin embargo debe hacerse respetando los parámetros establecidos por la Constitución de la República y el Código Procesal Penal y es precisamente en este sentido que el Ministerio Público no ha cumplido su rol frente a la sociedad”, acotó.
