Por Manuel A. Tobías
Especial para HoraxHora
Mientras instituciones como la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Alianza Dominicana contra la Corrupcion (ADOCCO) se encaminan a llevar ante el Tribunal Constitucional el procedimiento sobre la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), un experto consultor en el tema revela que la acción del Ministerio de Energía y Minas provocará un aumento de la tarifa eléctrica que reciben los usuarios.
Fuentes del sector eléctrico refieren que se ha contemplado proponer un aumento tarifario de alrededor de un 10% “como vía de hacer sostenible el negocio de producción, distribución y cobro de la energía en el país”. Se habla, también, de la implementación de establecer un tope de alrededor de 150 kilovatios mensuales a las familias pobres a trades de los planes sociales que implementa el Gobierno. “Sobre el consumo de esos 150 kilovatios, los usuarios deberán cubrir lo consumido, para lo cual se instalarán medidores de prepago”.
Ante estas reacciones el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ha salido al frente asegurando que la CDEEE no será liquidada ni sus contratos transferidos a las Edes hasta que ello no sea aprobado por una ley emanada del Congreso Nacional.
Al inicio de la actual gestión de gobierno se estableció como prioridad la liquidación de la CDEEE a cargo del Ministerio de Energía y Minas para lo cual se desintegró el Consejo de Administración de la empresa eléctrica estatal, se puso en manos de last res Edes el negocio complete de la electricidad y se constituyó un Consejo Unificado que represent alas operaciones de EdeSur, EdeNorte y EdeEste bajo la sombrilla del Ministerio.
Fue en ese tenor que el viernes 21 de mayo, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el ministro de Energía y Minas inform sobre el estado de liquidación de la CDEEE, anunciando que todo el personal quedaría cesante al 30 de mayo, con su carta de despido y/o traslado y sus procesos de pagos de prestaciones, como un hecho consumado. Pero allí mismo explicó explicó que la Comisión encargada de la liquidación de la CDEEE ha identificado “los aspectos a tener en cuenta para el traspaso de activos y pasivos, cesiones de contratos, litigios y obligaciones pendientes” de la Corporación, de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, según citaron los diarios nacionales.
La prensa citó que el ministro dijo que sobre los 38 contratos de compra venta de energía vigentes, se cederán a las empresas de distribución Edesur, Edenorte y Edeeste, para que puedan adquirir de los generadores de electricidad la energía que suministran y que se ha realizado “un levantamiento de todos los inmuebles, vehículos y otros activos» de CDEEE y UERS para transferirlos a otras entidades estatales”, mientras sobre Punta Catalina el ministro dijo que “se decidió constituir un fideicomiso público al cual serían transferidos todos sus activos y pasivos y, oportunamente, se notificará a los distintos contratistas de la planta la cesión de los contratos en favor del referido fideicomiso”.
La prensa que en su conferencia de prensa que sobre el personal de CDEEE y UERS el ministro Almonte explicó que “se ha venido desmontando la nómina mediante las desvinculaciones y pagos correspondientes y, con efectividad al 30 de mayo, terminarán los contratos de trabajo restantes”.
Era la declaración de liquidación final de la CDEEE como se había propuesto desde el inicio de la gestión.
Esto, sin embargo, atizó las acciones de la FJT y de ADOCCO que en comunicados separados, pero en el mismo tenor y hacia un mismo objetivo, anunciaron sus propósitos de llevar el caso ante los tribunales, en especial el Constitucional, aduciendo que la forma como se pretende proceder se violenta la Constitución ya que los contratos no pueden ser traspasados por decisión administrativa y/o por un decreto ni la liquidación de la CDEEE se puede hacer si no es por medio a una ley del Congreso Nacional, institución del Estado que les dio vigencia.
La reversa del ministro
El ministro Almonte, volviendo sobre sus pasos en la declaración en Palacio el 21 de mayo, dijo que la CDEEE quedará ‘liquidada’ cuando sea dispuesto por una ley del Congreso Nacional, la cual dijo se depositará próximamente ante las Cámaras Legislativas, aunque ya anunciaba que el personal de la empresa quedaba liquidado el 30 de mayo y los contratos traspasados a las Edes.
“En ningún momento este gobierno, ni el presidente Luis Abinader, ni quien les habla, se ha planteado la disolución o desaparición de la CDEEE por un decreto. Lo que hizo el decreto 342-20 fue crear una comisión que se encargaría de trabajar para la liquidación de la CDEEE”, dijo Almonte, quien agregó, en entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, que en “los próximos días” se presentará al Congreso un proyecto de ley que propone la anulación del artículo que crea la CDEEE.
Y dijo que ese proyecto será conocido por los congresistas, con toda autonomía “y cuando sea aprobado se procederá a la desaparición jurídica de la Corporación” pero que mientras eso sucede “la Comisión ha tomado medidas, como lo dispone el referido decreto emitido por el Presidente Abinader, relacionadas al personal, al traspaso de contratos a las EDEs y a los trabajos para pasar los activos energéticos del Estado a otras empresas del sector”.
Justicia y Transparencia al TC
El martes 25 de mayo, tras la conferencia de prensa del ministro Almonte, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) reiteró sus consideraciones de que el cierre y liquidación de la CDEEE supone una violación a la institucionalidad y a la Constitución de la República, toda vez que la creación de la Institución está consignada en la ley General de Electricidad.
Es en este sentido que el presidente de la entidad, Trajano Vidal Potentini, explicó que según la jerarquía normativa las leyes están por encima de los decretos por lo que “en consecuencia, se hace imposible en el plano institucional, eliminar por decreto una institución que ha sido establecida por una ley, como lo sería el caso ocurrente” lo que calificó de “precedente peligroso cerrar una institución por decreto” anulando las facultades del Congreso Nacional “que es el único poder del estado facultado para modificar o eliminar la CDEEE mediante otra ley, pero nunca con un plumazo del Ejecutivo”, por lo que la Fundacioón que dirige llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.
Y dijo más. “Ese proceso afecta a los derechos de empleados y proveedores y supone el manejo de contratos e intereses que envuelven miles de millones de dólares, sin contar el traspaso a las EDES de los contratos y responsabilidades a empresas que poseen una estructura privada, y cuyo capital estatal podría cambiar con el simple hecho de vender acciones”.
ADOCCO, Constitución y leyes violados
Ese mismo martes, 25 de mayo, La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció que la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CLICDEEE) creada por el presidente Abinader mediante el decreto 342-20 el 16 de agosto de 2020, ha incurrido en graves violaciones a la Ley General de Electricidad 125-01 y a la propia Constitución a lo largo del proceso. La comisión la integran los ministros de Energía y Minas, Almonte, quien la preside, de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, y Antoliano Peralta, Consultor jurídico del Poder Ejecutivo,
Julio César De la Rosa, presidente de ADOCCO, manifestó que la institución estaba de acuerdo por las motivaciones de la disposición presidencial, que procuraba la reforma estructural del sector eléctrico y su fortalecimiento institucional, “por lo que entendíamos se respetarían las disposiciones legales que permitan una transición transparente y donde no se vea afectado el patrimonio público, como se ha producido, al hacer una serie de diligencias que solo podían realizarse con la debida modificación de la Ley, por parte del Congreso Nacional. Por ello, constituyen irregularidades graves el uso de los fondos asignados en el Presupuesto General de Nación a la CDEEE, así como disponer de su patrimonio mobiliario e inmobiliario, como el local principal de la CDEEE, tomado por el Ministerio de Energía y Minas”.
De la Rosa informó que ha recabado todos los documentos necesarios a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública con las que, junto otras informaciones, ADOCCO prepara una instancia que depositará ante el Tribunal Constitucional, objetando las acciones del Ministerio de Energía y Minas por violación a la Constitución y las leyes vigentes.
ADOCCO fundamenta su denuncia en aspectos legales como:
La Ley General de Electricidad 125-01, del 26 de julio de 2001 que en su artículo 138 crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyas funciones consiste en liderar y coordinar las Empresas Eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). La Corporación financiará sus actividades con sus recursos asignados en la Ley de Gastos Públicos, con financiamiento y con cualesquiera otros fondos especializados que les asignen de manera específica.
Agrega que el párrafo III de dicha ley establece que “Durante el período de transición requerido para la creación y puesta en marcha de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las demás empresas y entidades indicadas más arriba, la actual Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) continuará actuando como titular de derechos, obligaciones y como fiscalizadora de los bienes públicos en materia de electricidad. En consecuencia, el Administrador General de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) ejercerá estas atribuciones hasta que cumplido el plazo, el Poder Ejecutivo declare terminado en proceso de traspaso de activos y derechos a las nuevas sociedades creadas mediante la presente ley”.
ADOCCO cita, asimismo, una serie de artículos de la Ley de Electricidad que crea la CDEEE y le otorga sus funciones específicas en el mercado eléctrico del país, así como varios articulados de la Constitución que a su juicio son violentados para indicar que “en tal sentido el anuncio realizado por los comisionados de que realizó un análisis de la CDEEE, de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), para tomar en cuenta el proceso de liquidación, traspaso de activos y pasivos, cesiones de contratos, litigios y obligaciones pendientes, el levantamiento de todos los inmuebles, vehículos y otros activos mobiliarios propiedad de la CDEEE, para su traspaso o venta, todas son ilegales, en razón de que ellos no tienen la facultad y mucho menos la capacidad legal para hacer lo que han venido haciendo, por lo que tendrán que responder civil y penalmente, por usurpación de funciones, puestas de manifiesto con el asalto a los locales de la CDEEE, por el Ministerio de Energía y Minas”.
Y agrega que la no designación de un vicepresidente de la CDEEEE y designación de un Consejo de Administración de las Edes, constituye una usurpación de funciones por parte del ministro de Energía y Minas, además de violar el Código de Comercio, ya que las empresas EdeEste, EdeNorte y EdeSur son empresas privadas, de propiedad mayoritaria del Estado bajo la administración de la CDEEE “por lo que no pueden ellas ser administradoras del patrimonio de la misma, por lo que es una acción ilegal e irregular”.
Castellanos, aumento de tarifa
El ingeniero Bernardo Castellanos, consultor eléctrico, comentó el domingo 30 de mayo -según una reseña de El Nuevo Diario, tomada de la entrevista que concediera al programa de televisión “Así Vamos, con Héctor Guzmán”- que debido a lo que definió como “ilegal eliminación” de la CDEEE “el aumento de la tarifa por el consumo de energía luce inminente”.
“Los planes del gobierno –dijo- es traspasar los 38 contratos de compra de energía a las distribuidoras, algunos con precios sumamente altos, lo que provocará un incremento en las facturaciones a los usuarios del servicio eléctrico”. Y señaló que ante esa situación “a la Superintendencia de Electricidad no le quedará otro camino que autorizar un aumento tarifario, lo que afectará negativamente a la clase de menores ingresos y si no el gobierno tendrá que buscar más dinero para las distribuidoras para cubrir el déficit”.
Castellanos, quien escribe y publica continuos análisis sobre el tema eléctrico del país, entiende que “lo que están haciendo es concentrar en las distribuidoras todo ese déficit financiero para dar la impresión de que están creando las condiciones ante opinión pública, presentando al Estado como deficiente en el manejo de las distribuidoras, justificando así su paso al sector privado”.
Adelantó que desde que se traspasen esos contratos a las distribuidoras, se producirá un aumento en las tarifas de consumo, porque hay algunos que consignan la venta de energía hasta de 20 centavos de dólar el kilovatio “el doble a como las distribuidoras lo están comprando actualmente (a 11.5 centavos de dolar)” y observó que la CDEEE hasta el momento “ha estado absorbiendo la diferencia de la compra de energía y la venta que hace a las distribuidoras”.
A su entender “lo que ellos lo que le están es quitando las funciones de la CDEEE con el objetivo de que deje de operar comercialmente y así justificar ante la opinión pública y de una manera mediática el traspaso ilegal de los 38 contratos que tiene la CDEEE con generadores privados, lo que tendría un efecto devastador sobre las finanzas de las distribuidoras y un incremento en la tarifa de los usuarios del servicio eléctrico.
Cree que actualmente “el país tiene un sector eléctrico inviable, cuyo problema financiero radica en dos aspectos esenciales: las altas pérdidas y la reducción de inversión”, calculando la primera en un 38% en el primer trimestre de este año, mientras que respecto a la baja inversión, que rondaba el 74%, en el 2020, equivalente a unos US$62 millones, asegura que ahora se redujo a sólo US$15 millones. “Para reducir las pérdidas de las distribuidoras, se necesita elevar sus ingresos, pero para eso solo hay un camino: aplicar una inversión creciente y sostenida, de alrededor de US$1,500 millones”.
Castellanos calculó que de 2004 a la fecha, los recursos que tuvo que aportar el Estado en el sector eléctrico para cubrir el déficit generado, se sitúa en el orden de los US$22,000 millones. “En término financiero, lo anterior significa que en el problema eléctrico el pueblo dominicano ha tenido que invertir más de US$42 mil millones pero la crisis cada vez se agudiza más” por lo que advierte que el presupuesto de US$900 millones consignado en la Ley de Ingresos y Gastos para subsidios del sector eléctrico de este año se quedarán cortos, porque sólo en el primer trimestre de este 2021 hubo de destinar unos US$250 millones.
