Santo Domingo. La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional notificó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que acogió los argumentos planteados por el Ministerio Público al recusar a la jueza Ana Lee Florimon en el proceso de instrucción en la Operación Calamar.
El Ministerio Público argumentó en su recusación que la jueza titular de la Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional en funciones de Juez suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción actuó con discrecionalidad excesiva, contrario al debido proceso y de forma reprochable y censurable, alegatos que algunos abogados de la defensa intentaron rebatir con una escena histriónica frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La Pepca interpuso la recusación el 5 de febrero y la Corte, integrada por los jueces Ysis B. Muñiz Almonte, Luis O. Jiménez Rosa, Rosalba Garib Holguín, Teófilo Andújar Sánchez y Delio Germán Figuero, le notificó su decisión el pasado viernes 16.
El juez Andújar Sánchez emitió un voto disidente basado, según su argumento, en un criterio técnico que postula respecto a una “posición jurisdiccional”. Sostuvo que “en el ejercicio de la función jurisdiccional no ha lugar a recusación, en el peor delos casos a impugnación”.
En el expediente derivado de la Operación Calamar figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Sílver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz y Ramón David Hernández.
También, Yahaira Brito Encarnación (o Yahaira Brito Evangelista), Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.
El Ministerio Público sustenta contra los procesados diversos cargos que incluyen la violación al Código Penal Dominicano, sobornos, lavado de activos, violación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para el Financiamiento Ilícito de Campañas Políticas.
