Santo Domingo. – La Contraloría General de la República dispuso nuevos controles para los contratos de alquiler y arrendamiento suscritos por instituciones públicas, con el objetivo de verificar que los inmuebles cumplan con los requisitos técnicos antes de comprometer recursos del Estado.
La medida quedó establecida mediante la Resolución IN-CGR-RES-2026-0002, firmada por el contralor Geraldo Espinosa Pérez, y entrará en vigor el 1 de marzo de 2026.
A partir de esa fecha, todo contrato de alquiler deberá contar con un informe de inspección y evaluación técnica emitido por personal especializado de la Contraloría antes de su registro oficial.
Según explicó el funcionario, esta disposición forma parte del proceso de fortalecimiento de los controles preventivos sobre la ejecución del gasto público y busca garantizar un uso adecuado de los recursos estatales.
“El Estado solo asumirá compromisos financieros sobre inmuebles que cumplan efectivamente con las condiciones técnicas y contractuales establecidas”, indicó.
Requisitos para las instituciones
Las entidades públicas deberán solicitar previamente la designación de peritos técnicos que verifiquen las características del inmueble. Esta solicitud deberá realizarse mediante comunicación formal firmada por la máxima autoridad de la institución y acompañada del contrato suscrito.
Una vez realizada la inspección, la Contraloría emitirá un informe que validará la correspondencia entre las especificaciones pactadas y las condiciones reales del inmueble. Dicho documento será requisito indispensable para completar el registro del contrato en el sistema correspondiente.
El organismo también informó que se reserva la facultad de inspeccionar inmuebles ya alquilados cuando lo considere necesario.
La disposición aplica a ministerios, direcciones generales, instituciones descentralizadas, organismos de seguridad social y empresas públicas, entre otras entidades del sector estatal.
Con esta iniciativa, la Contraloría busca reforzar la transparencia y la supervisión en los procesos de contratación vinculados al uso de bienes inmuebles por parte del Estado.
