Santo Domingo. – El abogado Amaury Amílcar Reyes Torres, nuevo juez del Tribunal Constitucional (TC), tiene 15 años de experiencia como jurista, habilitado para trabajar en República Dominicana y Estados Unidos.
De ese mismo modo, ha realizado cuatro maestrías y dos especialidades, según consta en sus documentos depositados ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
Su práctica profesional se centra en litigio civil, comercial, electoral, administrativo y constitucional.
Reyes Torres también se desempeña como consultor en la elaboración de opiniones jurídicas estratégicas para la implementación de proyectos en mercados regulados y no regulados; diseño de estrategias jurídicas para litigios judiciales y extrajudiciales, así como redacción de transacciones y negociaciones
El abogado ha sido parte de importantes transacciones en el ámbito financiero de adquisiciones y negociación de deudas de gran envergadura, concursos de acreedores y procesos de liquidación comercial, así como en operaciones y transacciones corporativas, especialmente para mercados regulados.
Torres quien tiene 38 años de edad, inició su carrera profesional en una de las firmas boutique más importantes de la República Dominicana, donde trabajó en todos los departamentos de la firma, principalmente en el área de litigios. Posteriormente ingresó a la Corte Constitucional de la República Dominicana como procurador interino hasta el año 2017.
En su tiempo en el tribunal elaboró memorandos, consultas, dictámenes, proyectos de resoluciones internas, al servicio de la Secretaría y la Presidencia de la Tribunal Constitucional, así como cualquier funcionario del tribunal superior.
Amaury Amílcar trabajó en la estructuración del programa de información de jurisprudencia de la Corte Constitucional, actualmente utilizado como insumo para el sitio web, el boletín constitucional, el anuario y el informe anual de la Corte Constitucional; al conformarse el equipo pasó a ser coordinador de la Unidad de Relatoría de Jurisprudencia. Finalmente, formó parte del equipo jurídico-administrativo, junto a técnicos profesionales de la República del Perú, en especial de la Corte Constitucional de ese país, del sistema de gestión de expedientes en sus dos primeras fases.
