Bajo las instrucciones del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron «maniobras fraudulentas» con el fin de sustraer del erario público la suma de RD$ 19 mil 653 millones 871 mil 513 pesos con 80 centavos por concepto de acuerdos transaccionales.
De este monto, se ha identificado, que se logró sustraer RD$ 17 mil 300 millones 642 mil 051 pesos por operaciones relacionas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.
De acuerdo con una resolución de autorización de información financiera dictada por la magistrada Kenya Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, el elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$ 10 mil 500 millones de pesos a personas de su entera confianza.
“En ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”, indica el documento
Sostiene que Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios: Emilio Rivas Rodríguez, exdirector de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mcabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar y Simón Lizardo Mezquita, exadministrador del Banco de Reservas.
También Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor de la República; Princesa Alexandra Garcia Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la dirección de reconocimiento de deuda pública, entre otros funcionarios.
El documento afirma además que se identificaron empleados de esas instituciones que tuvieron participación en los hechos como Hortensia Arelis Santiago, que fungía como analista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkiz Tejada Ramírez, exdirectora jurídica de Bienes Nacionales, quien era a la vez responsable de registro y análisis; Rolando Méndez Morillo, agrimensor de deuda administrativa; Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Publica, siendo oficialmente el coordinador del plan nacional de titulación de Bienes Nacionales.
También Rafael Geraldo Collado ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoria interna de contraloría; Priamo Jiménez Toribio, auditor; William Antonio Castillo Duenas, Soporte administrativo; Joaquin Ernesto Tavares Cabral, agrimensor; Martin Soriano Acosta, analista; Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada.
El expediente indica, además, que era recurrente que el exministro de Hacienda, mediante comunicación le instruyera al viceministro del tesoro, Rafael Gómez Medina, registrar ordenes de pagos en el Capítulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (deuda administrativa) por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir los libramientos de pagos.
