Santo Domingo. – La Jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió una orden de arresto en respuesta a una solicitud del Procurador Adjunto, Wilson Manuel Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La orden se fundamenta en una investigación sobre una red de corrupción dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), relacionada con el proceso de licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Acusados Principales
- Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez: Exdirector del INTRANT, quien autorizó la adjudicación de contratos a empresas sin las capacidades requeridas.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden: Coordinador de despacho, quien manipuló las decisiones del comité de compras.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Director de tecnología, responsable de facilitar el control de sistemas a empresas no acreditadas.
- José Ángel Gómez Canaán (alias Jochy): Principal beneficiario de los contratos fraudulentos, controlando el sistema de semáforos y videovigilancia a través de su empresa Aurix S.A.S.
- Pedro Vinicio Padovani Báez: Exencargado del Centro de Control de Tráfico, colaboró en las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.
- Carlos José Peguero Vargas: Involucrado en el lavado de activos y desvío de fondos.
Contexto de la Investigación
La investigación se centra en la manipulación del proceso de licitación para la contratación de un servicio de modernización y gestión del sistema de control de tráfico y la red semafórica en el Gran Santo Domingo. Diversos funcionarios del INTRANT, junto a individuos y empresas externas, fueron identificados como parte de una estructura organizada con el objetivo de desviar fondos públicos a través de contratos fraudulentos.
Los delitos atribuidos a los mencionados incluyen:
- Corrupción Administrativa: Según el artículo 146 de la Constitución y varios artículos del Código Penal, que prohíben la corrupción y la coalición de funcionarios.
- Desfalco y Lavado de Activos: Mediante la manipulación de contratos y la creación de empresas de papel para desviar fondos.
- Uso de Documentación Falsa: Se han presentado pruebas de que Transcore Latam S.R.L. fue registrada fraudulentamente, usurpando la identidad de un ciudadano alemán.
Evidencias Recogidas
La PEPCA presentó múltiples informes periciales y documentos que sustentan la acusación:
- Auditorías y Reportes: Incluyen informes de la Contraloría General y la Dirección General de Contrataciones Públicas, que identificaron irregularidades significativas en los procesos de licitación.
- Informes Periciales: Se realizaron experticias caligráficas que evidencian la falsificación de firmas en documentos societarios.
- Correspondencia: Documentos que demuestran la manipulación de contratos y la creación de empresas ficticias para desviar fondos públicos.
Operaciones de Lavado de Activos
El esquema de corrupción abarca el uso de fondos públicos desvinculados de su propósito original, llevando a cabo un lavado de activos a través de múltiples empresas y la desviación de recursos a cuentas ajenas. Esto se tradujo en la asignación fraudulenta de contratos por un monto total de RD$ 1,317,350,997.00, así como la manipulación de fondos transferidos desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
Consecuencias y Desarrollo del Caso
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de los acusados, argumentando que la libertad de estos representa un riesgo para la integridad del proceso judicial. Se destaca la necesidad de medidas cautelares para evitar la obstrucción de la justicia, dado que los acusados poseen la capacidad para influir en el proceso investigativo.
Los actos de corrupción y la estructura organizada que se ha evidenciado en esta investigación no solo afectan la integridad del sistema judicial, sino que también comprometen la confianza pública en las instituciones gubernamentales. La PEPCA continúa trabajando para desmantelar esta red y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales adecuadas.
