La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, llama la atención sobre las represalias adoptadas por las autoridades que se despiden en 48 horas, luego de las denuncias elevadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre irregularidades, señaladas públicamente, en la aprobación precipitada del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).
Primero fue una notificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del 31 de julio, para que un plazo perentorio de cinco días le suministráramos los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales. Requerimiento normal, excepto por la coincidencia con los reclamos de investigación ante el PEPCA, a muy pocos días del cambio de gobierno y por el simple hecho de que el último ejercicio fiscal de la CAE, como bien lo sabe la DGII, se cerró el 30 de junio pasado, y de ahí la imposibilidad de que haya sido auditado ya.
CAE no tiene deuda alguna por concepto de impuestos y puede asegurar que figura en el listado selecto de los principales contribuyentes del país. Nos honra cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales en la confianza de que así cooperamos con el desarrollo dominicano.
En claro interés de sembrar dudas, la Comisión Aeroportuaria, la misma que se arrogó facultades que escapan a su competencia para otorgar un “no objeción” al AIB, que ocultó documentación y aceptó como válido un informe elaborado por un técnico que fue empleado de los promotores del aeropuerto, se destapa con el cobro compulsivo de una alegada acreencia del CAE sobre la base de un decreto ¡derogado en el 2008! Lo hace a una semana del cambio de gobierno y cuando sabe el director que probablemente será despedido en unas pocas horas.
De acuerdo con la notificación recibida el pasado día 10 de agosto, la CA demanda el pago de más de US$38MM que alega adeuda la CA al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), usando como base de calculo montos contenidos en el Decreto 203-03, el cual fue derogado mediante el Decreto 655-08 que unificó tanto las tasas aeronáuticas como las tasas aeroportuarias.
La CAE observa escrupulosamente sus obligaciones económicas y legales sobre seguridad aeroportuaria previstas en la Ley 188-11 sobre la materia, y garantiza que los estándares del Aeropuerto Internacional de Punta Cana se adhieren a las mejores prácticas internacionales y tecnología de punta, como lo atestiguan los diversos premios que hemos recibido.
Los representantes legales de la Corporación Aeroportuaria del Este, S.A. incoarán un recurso de reconsideración contra la Resolución No. 6807 de fecha 4 de agosto, referente a la supuesta deuda.
Lejos de rehuir la competencia legítima, planteada ya por siete aeropuertos internacionales y uno a 32 millas náuticas en La Romana, la preocupación de la CAE es institucional. No hay un conflicto empresarial sino otro, ciertamente, y que las represarías confirman, entre una decisión del Poder Ejecutivo para complacer a un grupo empresarial y el Estado de derecho.
Punta Cana
Agosto 14, 2020
