Por: Josefina Medina
Santo Domingo. – El excanciller de Haití Claude Joseph dijo que en 2021 el Gobierno dominicano llegó a firmar una declaración conjunta en la que reconoció que los trabajos que se realizaban para la captación de agua no representaban un desvío del cauce del río Masacre, incluso, que, supuestamente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) llegó a manifestar que una toma de agua en el curso del río Masacre no causarían daños graves a los sistemas agrícolas en la región de Dajabón.
Ante el reanudado conflicto por el río Masacre, el exdiplomático difundió un documento en francés para orientar a los haitianos sobre el contexto actual que enfrenta a los países vecinos, indicando que éstos también tienen derecho de hacer uso del caudal, amparados por el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje.
En su recuento, Joseph indicó que la obra hídrica comenzó en 2018 con el gobierno de Jovenel Moïse, su construcción la llevaba a cabo la empresa cubana DINVAI desde 2019 hasta que fue detenida en 2021.
Debido a la resistencia del gobierno dominicano desde los inicios de la obra, los países sostuvieron reuniones de entendimiento, siendo la última la del Subcomité de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Mixta Bilateral el pasado 27 de mayo de 2021 que terminó con una Declaración Conjunta en la que República Dominicana convino con lo siguiente:
«Reconociendo, en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río».
En esa reunión se acordó la creación de una mesa técnica para un mejor conocimiento del trabajo que se realiza en los ríos transfronterizos.
Sin embargo, cuatro días después, el 31 de mayo de ese año, el presidente Luis Abinader solicitó la paralización de la obra al indicar que el canal no podía conectarse al río, porque para ello se requiere la construcción un dique o muro de contención que desviaría el caudal, en violación al artículo 10 del Tratado de 1929.
Tras protestas del sector agrícola y el magnicidio de Jovenel Moïse la obra fue detenida hasta que a principios de septiembre de este año un grupo campesinos del nordeste de Haití reanudó la construcción, calificada hoy por el gobierno dominicano como «ilegal, improvisada y artesanal».
En su comunicado dirigido a sus compatriotas, Joseph indica que «dominicanos nacionalistas» tienen conceptos erróneos sobre los derechos sobre el caudal.
«En la opinión pública dominicana, dominada por los nacionalistas, el río Masacre nació en República Dominicana y por lo tanto es un río dominicano sobre el cual los haitianos no tienen derechos. El río es, sin embargo, un recurso hídrico compartido cuyo uso justo y equitativo se rige y garantiza para ambos países por el Tratado del 20 de febrero de 1929. Además, los mayores afluentes del río Massacre se encuentran en Haití y son el río Capotille, el río Gens de Nantes y el río Lamatry».
El exdiplomático negó que la construcción del canal elimine el acceso a las aguas del río o que reducirá considerablemente el caudal para los dominicanos y utilizó como argumento, una supuesta afirmación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
«La mayor autoridad dominicana en gestión del agua, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) describe el conflicto como una ´tormenta en un vaso de agua´»
Joseph dijo que el Indhri reconoció que «los planes del gobierno haitiano de construir una toma de agua en el curso del río Masacre no causarían daños graves a los sistemas agrícolas en la región de Dajabón, porque el caudal de agua utilizado sería menor que el total del efectivo desviado a la República Dominicana».
Además, que el territorio haitiano utilizaría con la infraestructura hídrica el 40.65 % del caudal promedio del río, pero «aun así sería menor que las extracciones dominicanas».
Así como dijo en abril de 2021, cuando comenzó el conflicto con el actual gobierno dominicano, Joseph ratificó su posición de que «el Estado haitiano no está obligado a suspender las obras que está realizando en su territorio por orden de un gobierno extranjero».
Ariel Henry en desacuerdo con obra
El presidente Luis Abinader reveló que el actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, le manifestó que la reanudación del canal no es obra gubernamental, sino que un grupo de civiles «incontrolables» decidieron finalizar la obra.
Abinader dijo que el gobierno haitiano se declaró sin poder para detener la infraestructura, por lo que, a falta de un interlocutor válido para resolver este problema, decidió activar y diseñar otras presas, al tiempo que instruyó medidas como la prohibición de la entrada a República Dominicana a los civiles que protagonizan el conflicto, la suspensión del visado a haitianos y el cierre de las fronteras en Dajabón. La medida podría extenderse al cierre completo de la frontera si la obra continúa, advirtió este lunes el presidente dominicano.
Dicha medida provocará pérdidas millonarias para productores dominicanos, pero el mandatario estableció que la «seguridad y la soberanía del país están primero».
