El ingeniero civil Antón Casasnovas Nolasco, compañero del colegio Loyola del exprocurador Jean Alain Rodríguez, fue interrogado como testigo del Ministerio Público en el caso Medusa y reveló como operaba el entramado de corrupción en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Casasnovas reveló que el jefe del gabinete del exprocurador, Rafael Canó, a quien también conoce desde el colegio, lo contactó porque necesitaban constructoras de personas de confianza para las licitaciones de las cárceles. El testigo establece que debido a su cercanía con Rodríguez pensó que ser proveedor del Estado no le era conveniente, por lo que propuso buscar constructoras de amigos y colegas de confianza para tales fines.
El ingeniero declaró que procedió a hablar con el Consorcio Remix Rotilla, la Constructora Pablo Yarull y Marizán Ingeniería. Luego le informó a Rafael Canó, y este aceptó que sean las constructoras propuestas por Casasnovas. En ese momento es cuando Canó le informa al ingeniero que todas las empresas que liciten debían de pagar un 20% por encima del monto total del contrato. El ingeniero denomina a este 20% como «el peaje».
Canó le informa que de ahí en adelante debía manejar ese tema con Jonathan Rodríguez, director financiero de la Procuraduría, con quien el ingeniero se reunió previo a las licitaciones. En el encuentro hicieron un cuadre y repartieron los lotes. A pesar de que la empresa Remix tenía experiencia y estaba interesada en el lote del movimiento de tierra, no se lo dieron porque ya estaba «comprometido».
Luego se volvieron a reunir en la casa del ingeniero Casasnovas junto a Rafael Mercedes (director de contabilidad de la Procuraduría), el Ingeniero Marizán, Pablo Yarull y un representante de Remix. Ahí se definió el esquema de la extorsión de un 20%, que era definida por Jonathan Rodríguez como un «pago obligatorio».
Este «peaje» debía salir del primer pago, pero no siempre pudo realizarse de esa manera porque las constructoras se descapitalizarían, razón por la cual, luego de ser adjudicadas, se acercaron al ingeniero Casasnovas para que sea mediador y renegocie con Jonathan el porcentaje del peaje. El ingeniero se comunicó con Jonathan y le pidió flexibilidad por los motivos antes expuestos. Desde ese momento en adelante cada constructora empezó a negociar su «peaje» de manera individual y directa con Jonathan Rodríguez.
Las constructoras le entregaban el dinero de la extorsión en efectivo a Jonathan Rodríguez o a Rafael Mercedes.
Cuando las empresas no pagaban la extorsión, los pagos de las cubicaciones eran paralizados por Jenny Marte, quien era la encargada de Proyectos de la Procuraduría. Esta señora también revisaba los documentos de las licitaciones antes de que se realizaran.
El ingeniero asegura que las constructoras que fueron adjudicadas por la Procuraduría le pagaron aunque facturó por otros conceptos:
- Marizán Ingieniería: RD$1,445,000 por comisión y RD$1,000,000 por concepto de «cubicación». Esta empresa fue contratada en abril del 2019 por RD$192,872,476 para la ampliación Centro para Adolescentes Ciudad del Niño.
- Consorcio Remix Rotilla: RD$2,200,000, RD$3,762,292.58 por «construcción de obras civiles». Esta empresa fue contratada para construir el lote 2 de la cárcel La Nueva Victoria (Alojamiento) por RD$881,638,698.63
- Constructora Pablo Yarull & Asociados: RD$4,000,000.00, RD$180,000, RD$180,000, RD$120,000 y RD$120,000. En este caso las facturas simulaban préstamos. Esta empresa fue contratada para construir el lote 4 de la cárcel La Nueva Victoria (Alojamiento) por RD$870,183,808.59
Por solicitud de Rafael Canó, Casasnovas llevó a la empresa supervisora Kabul y Ebusa Coviedo. Kabul lo contrató con un salario mensual de RD$75,000 pesos para que supervise el lote de MAC Construcciones. Ebusa Coviedo, manejada por el mismo gerente de Kabul, Erick Bueno, supervisaba a Marizán Ingienería. Por hacer esta «gestión», Casasnovas recibió un total de RD$4,000,000 en efectivo.
Mientras que en la oficina de Pablo Yarull, recibió RD$700,000 de Pedro Pablo Santos, accionista de la empresa Santos Padillas SPA, la cual logró que sea la supervisora de la Constructora Pablo Yarull.
