Santo Domingo. – La filtración de 2,6 terabytes de información confidencial de la firma panameña Mossack Fonseca, publicada el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación en 76 países, reveló operaciones de ocultamiento de activos, evasión fiscal y redes de empresas offshore de líderes políticos y figuras de poder en todo el mundo.
Entre los nombres dominicanos mencionados apareció Diandino Peña Criqué, entonces director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). En ese momento, el exfuncionario minimizó el tema y el caso pasó inadvertido para las autoridades.
Una investigación que sacudió al país (2017)
Un año después, la periodista Alicia Ortega, en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo, retomó el caso y puso al descubierto que Peña había omitido gran parte de su patrimonio en su última declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas (diciembre de 2016).
El reportaje, titulado “El emporio no declarado”, reveló que el exfuncionario era propietario, beneficiario o representante legal de al menos 29 empresas, entre ellas 15 offshore y 14 registradas en República Dominicana.
El hallazgo generó una ola de indignación pública y marcó un antes y un después en la discusión sobre la transparencia en la administración pública.
Destitución y silencio institucional
Entre el 13 y el 16 de mayo de 2017, el presidente de la República firmó el decreto que destituía a Diandino Peña de la dirección de la Opret.
El gobierno del expresidente Danilo Medina informó que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental había remitido el caso al Ministerio Público, iniciando una supuesta revisión de los bienes y operaciones señaladas en los reportajes.
Sin embargo, pese a la magnitud de las revelaciones, no se conocieron avances concretos de la investigación.
Empresas, contratos y fortunas sin aclarar
Entre 2017 y 2018, nuevos reportajes periodísticos mostraron que varias de las empresas ligadas a Peña habían recibido contratos vinculados al Metro de Santo Domingo, durante su propia gestión al frente de la Opret.
En febrero de 2019, el Silver Sun Gallery y un hotel asociados a sus empresas fueron vendidos, sin que se aclarara el origen de los más de 21 millones de dólares invertidos en esos activos.
Las operaciones fueron registradas públicamente, pero ninguna autoridad ofreció explicaciones.
Citaciones sin consecuencias (2021)
En marzo y abril de 2021, Diandino Peña fue citado tres veces por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), como parte de una supuesta indagatoria sobre irregularidades en la construcción del Metro de Santo Domingo.
El exfuncionario declaró que “no tenía nada que esconder” y que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. Desde entonces, no se ha vuelto a conocer ninguna acción formal.
Siete años después: ¿una justicia selectiva?
A casi una década del escándalo, el caso de Diandino Peña permanece estancado, sin acusaciones ni avances judiciales visibles.
El episodio deja en evidencia una pregunta incómoda:
¿Por qué la llamada “Procuraduría independiente” —promovida por el actual gobierno como símbolo de transparencia— no ha actuado en un caso que involucra millones de dólares, empresas offshore y presunto ocultamiento patrimonial?
Mientras otros expedientes han recibido una respuesta inmediata del Ministerio Público, el entramado societario de Diandino Peña sigue en un silencio institucional que alimenta dudas sobre la igualdad de trato y la coherencia del discurso anticorrupción oficial.
