Santo Domingo. – La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) expresó su preocupación ante el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), actualmente en revisión en el Congreso Nacional.
AMCHAMDR señaló que la iniciativa legislativa, en su forma actual, podría tener consecuencias negativas para la competitividad del aparato productivo nacional, el clima de inversión y la sostenibilidad económica del país.
La organización consideró desproporcionado el aumento proyectado de un 275% en la contribución especial para la gestión de residuos, por lo que sugirió que el ajuste cuente con respaldo técnico y considere criterios diferenciadores según la cantidad real de residuos generados. Esta medida, advierte AMCHAMDR, afectaría de forma particular a las pequeñas y medianas empresas, así como a los sectores más vulnerables.
Asimismo, la Cámara enfatizó la necesidad de evitar prácticas monopólicas en el manejo de residuos, rechazando disposiciones que obligan a utilizar exclusivamente un relleno sanitario autorizado por región o que limitan la posibilidad de valorización directa por parte de los generadores. “Es esencial salvaguardar la libertad de empresa y promover la economía circular”, indicó la entidad.
AMCHAMDR también cuestionó la exclusión del sector privado del Fideicomiso de Residuos Sólidos y la falta de vistas públicas durante el proceso legislativo.
Otros puntos que ameritan consideración:
· La necesidad de una regulación nacional de tarifas por servicio de recepción para garantizar equidad y transparencia.
· La inclusión técnica de residuos plásticos y aceites vegetales en las definiciones del marco legal.
· La adopción de parámetros mínimos para el transporte y disposición de lixiviados y residuos peligrosos.
· Limitación de los sistemas de gestión a asociaciones sin fines de lucro, en coherencia con el principio de responsabilidad extendida del productor.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana reiteró su compromiso con un marco regulatorio que promueva la sostenibilidad ambiental sin sacrificar la competitividad económica. En ese sentido, manifestó su disposición de colaborar con los actores públicos y privados, en aras de contribuir a una reforma más balanceada y efectiva.
