Santo Domingo. – El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, valoró como positivos varios de los ajustes realizados por el Poder Ejecutivo a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, pero advirtió que todavía persisten disposiciones que podrían afectar la competitividad del sector productivo y provocar conflictos con acuerdos comerciales internacionales.
Pujols reconoció que las observaciones introducidas corrigen fallas que impactaban al sector cementero y atienden recomendaciones realizadas por Pro-Competencia, especialmente en lo relativo a evitar monopolios regionales y facilitar la instalación y operación de plantas de valorización de residuos.
Preocupación por aumento de la contribución especial
El dirigente industrial señaló que una de las disposiciones más cuestionadas es el incremento de la contribución especial que deben pagar las empresas, debido a que —según explicó— la medida no está respaldada por estudios técnicos, ni análisis de impacto económico que justifiquen un aumento de costos para los sectores productivos.
Prohibición de importación de tapas plásticas: “Contradice acuerdos internacionales”
Pujols también expresó preocupación por la prohibición de importar tapas plásticas, una medida que consideró incompatible con la propia lógica de ecodiseño que promueve la ley.
Afirmó que esta restricción violaría compromisos asumidos por el país en acuerdos como:
- OMC (Organización Mundial del Comercio)
- DR-CAFTA
- Acuerdo CARIFORO–Unión Europea
Además, advirtió que la mayoría de las tapas plásticas utilizadas en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéuticos no se producen localmente, y provienen principalmente de Estados Unidos y Europa.
“Una prohibición que entraría en vigor en apenas 60 días dejaría a la industria sin opciones viables”, sostuvo.
AIRD pide más educación y corresponsabilidad en manejo de residuos
Pujols aprovechó para reiterar la urgencia de fortalecer los programas de educación ambiental y sensibilización ciudadana sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, recordando que la ley contempla estas acciones desde 2020, pero aún no se han implementado de manera efectiva.
Aseguró que la gestión de residuos requiere un enfoque de responsabilidad compartida:
“No puede recaer solo en el sector privado ni solo en el sector público. Es un desafío que requiere una alianza público-privada real y un cambio cultural sostenido”.
AIRD pide equilibrio entre sostenibilidad e industria
Finalmente, el vicepresidente de la AIRD llamó a que las modificaciones de la Ley 225-20 garanticen un balance entre protección ambiental, competitividad industrial y cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Dominicana.
