El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, reveló este domingo que su organización prepara un expediente contra el Ministerio de Energía y Minas por el alegado uso irregular de RD$52,000 millones de la Corporación Dominicana de las Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Indicó que cuando se completen las pruebas, “presentaremos un sólido expediente por el manejo irregular de los recursos de la CDEEE por parte del Ministerio de Energía y Minas, violando la ley que creó la entidad eléctrica, basándose en un decreto. Estamos haciendo acopio de una serie de informaciones que periódicamente estamos levantando para en el momento oportuno presentar esto como un acto de manejo irregular de los recursos del estado a partir de una ejecutoria que deviene de un decreto que manda a crear las bases para organizar la eliminación legalmente a través del único estamento que tiene autoridad para ello que es el Congreso Nacional’. Señaló el presidente de ADOCCO.
Entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, De la Rosa Tiburcio refirió que el decreto sólo disponía crea una comisión para la eliminación de la CDEEE, “a través del único estamento autorizado para hacer: el Congreso Nacional”
Sostuvo que esa comisión, compuesta por representantes del Poder Ejecutivo y los ministerios de Hacienda y Energía, “se arrogaron funciones que son propias del principal Poder del Estado”.
Dijo que el decreto 342-21, emitido por el presidente Luis Abinader, se limitó a crear la citada comisión para justificar la liquidación de la CDEEE, basado en que el ministerio de Energía y Minas tiene las mismas funciones.
Afirmó que por una “mala interpretación” de la ley que creó el Ministerio de Energía, su
titular, “asaltó el local de la CDEEE e instaló su despacho allí de manera ilegal”.
Explicó que el ministerio sólo estaba autorizado a crear “la carpintería”, para cuando el proceso de liquidación estuviera listo, enviarlo al Congreso y decidiera dejar sin efecto la ley 125-01, que creó la CDEEE, y establecer qué organismo administraría el patrimonio y las funciones de la institución.
Consideró que el ministro Antonio Almonte también incurrió en otra irregularidad, cuando dispuso la transferencia de 18 contratos de compra de energía que tenía la CDEEE, a las distribuidoras, pese a que la propia ley establece que estas no pueden hacerlo de grado a grado, sino mediante una licitación.
Recordó que cuando se trató de firmar el Pacto Eléctrico en el pasado gobierno, el actual ministro de Energía se opuso a lo que posteriormente hizo, alegando que debían dejarse sin efecto, hasta que se llamara a un concurso de ofertas.
Observó que, si bien la CDEEE y las distribuidoras tienen un carácter gubernamental por ser el Estado su principal accionista, la configuración de esos organismos es estrictamente comercial, por lo que se rigen en base al Código del Comercio.
Punta Catalina
De la Rosa señaló que entre los bienes de la CDEEE se encuentran las termoeléctricas Punta Catalina, para cuya administración el gobierno ha creado un fideicomiso, integrado por empresarios del sector eléctrico, los que alegadamente pretenden adquirirlas a precio de “vaca muerta”.
“Creo que todas estas maniobras, incluyendo la destitución de su último administrador, forman parte de un entramado para que Punta Catalina se vaya a pique y entonces una comisión salvadora, a la que el gobierno le diga encárguense de eso”.
Destacó el hecho de que el ministro de Energía convocara una licitación para saber el costo y la realidad de Punta Catalina, estableciendo el tope, como costo US$200,000, cuando en la obra se han invertido más de US$3,000 millones”.
Estimó que, si se realiza una auditoría, “con la debida seriedad”, el valor de esa obra oscila entre los US$10 y 12 millones, razón por la que considera que no se ha realizado la indicada auditoría
La corrupción
Para el abogado De la Rosa Tiburcio, todo esfuerzo encaminado a sancionar la corrupción es saludable para la institucionalidad del país y que en los últimos meses “se ha ido rompiendo esquemas muy tradicionales”.
Manifestó que esas acciones deben servir para enviar un mensaje, que eviten a la República Dominica un drama como el que atraviesa desde hace años la vecina nación haitiana.
Dijo que, como fruto de esa corrupción, en Haití hubo de desintegrarse el Ejército, lo que ha generalizado el caos, “porque un Estado no se puede manejar sin Fuerzas Armadas, como sostén de la soberanía, garante de la institucionalidad y la democracia”.
Senador Victoria Yeb
Respecto al caso del senador Arístides Victoria Yeb, De la Rosa Tiburcio reiteró que según la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), sus empresas violaron disposiciones de la ley que rige de ese organismo, al participar como oferente del Estado.
Citó el artículo 88 de la Constitución, el que establece que un legislador podrá perder su investidura si previamente se le ha hecho un juicio político de acuerdo con las normas establecidas.
