El Ministerio Público dijo hoy que Raúl Alejandro Girón Jiménez, imputado en el caso Operación Coral, tenía una habitación “con tecnología de primera” donde tenía informaciones de las instituciones castrenses del Estado dominicano.
El fiscal Miguel Collado, encargado de presentar la acusación preliminar contra el imputado, dijo que ese “cuarto con tecnología de primera” tenía un servidor más potente que el de cualquier institución grande del Estado.
Dijo que en consultas que han hecho con especialistas del área se han enterado que grandes instituciones tienen servidores con capacidad de 2.0 terabytes mientras que el encontrado al Girón Jiménez, que es mayor del Ejército, era de 60 terabytes.
Dijo que en ese servidor se alojaban informaciones confidenciales de instituciones castrenses del Estado dominicano y que tiene un costo estimado de 16 millones de pesos.
Calificó al imputado como clave en la maniobra fraudulenta del supuesto entramado militar encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Los fiscales señalaron que se desempeñaba como director de tecnología y comunicaciones del Cestur con salario de 69 mil pesos. También era programador de nómina en el Cusep desde el 2017 al 2020.
Uno de los hallazgos de la investigaciones de la Procuraduría es que se detectaron 123 “transacciones RTE”, que son alertas que emiten entidades financieras cuando un cliente realiza una transacción más allá del límite establecido.
Esas 123 transacciones identificadas involucraron un monto de 122 millones de pesos.
El fiscal dijo que pudieron verificar dentro del patrimonio del imputado cuatro vehículos, incluyendo dos Tesla, de años 2020 y 2019.
Además de 12 inmuebles registrados, entre los que la Procuraduría habla “de megas infraestructuras”. “Una casa en Colinas del Oeste valorada en 58 millones de pesos. Un apartamento en una torre en Piantini, valorado en 27 millones de pesos”, dijo el fiscal.
La Procuraduría contra la Corrupción indica que el patrimonio del imputado asciende a más de 200 millones de pesos, teniendo el rango de mayor del Ejército.
“El dinero ganado en salarios no llega al 5% del patrimonio total que se le asocia”, dijo el fiscal.
Los investigadores han establecido que, en promedio, entre 3.5 y 5.5 millones mensuales recababan de las instituciones los supuestos encargados del entramado militar.
Además señalan que recabaron más dinero a través de procesos fraudulentos con la alimentación del personal y las investigaciones especiales designadas por las entidades.
El fiscal dijo que el imputado poseía sellos de auditorías interna de la Contraloría General de la República, que supuestamente fueron falsificados para “que el dinero saliera más rápido”.
