SANTO DOMINGO.- Uno de los métodos que usaban para estafar al Estado el mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez consistía en conseguir «trabajo» a cientos de personas en dos instituciones con salarios abultados.
La transacción era simple, los empleados aparecían en nómina con salarios hasta siete veces mayor al establecido para sus puestos y a cambio del «favor» de tener trabajo estos tenían que retirar todo el dinero que les depositaba el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) o el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), pero posteriormente transferirlo a terceros y quedarse con una porción mínima.
Esta es la versión de la Procuraduría y fue confirmada a Noticias SIN por un empleado de conserjería en Cestur que por nómina recibía 70,000 pesos cada mes, pero de esa cantidad solo le pertenecían 10,400, según contó. Esta persona dijo a SIN que solo duró un mes en la dinámica y que la persona que le dijo la cuenta a la que debía hacer el depósito era Geury Guzmán, aunque estaba a nombre de otra persona.
Según dijo a SIN, cuando preguntó por qué debía devolver parte del dinero, le dijeron que era para su pensión. Actualmente sigue en el CESTUR, pero solo recibe en nómina el depósito de 10,400 que le corresponde por su puesto.
La dinámica se desarrolló entre 2012 y agosto del 2020, indica la solicitud de coerción de la Operación Coral.
«Cientos de Policías y militares se colocaban de manera fraudulenta en la nómina de CESTUR y la de CUSEP, cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, recibían un porciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos», afirma el documento.
«La diferencia entre lo pagado y la dádiva iban a distintos miembros de la organización quienes debían entregarlos a los miembros de la organización en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicita de medida de coerción. Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado».
La red continúa operando en la actualidad, de acuerdo a los investigadores. Según consta en la acusación estos continúan con la «colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para la investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos».
