La presidenta en funciones de la República Dominicana, vicepresidenta Raquel Peña, emitió este miércoles el decreto 256-21 que modifica el reglamento sobre precios de transferencia.
El documento modifica los artículos 5, 7, 10 y 18 del decreto 78-14 que establece el reglamento sobre precios de transferencia. El decreto sostiene que el Reporte País por País ha sido regulada de acuerdo con el estándar internacional planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Acción 13 del Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS)-Informe Final 2015, siendo el objeto de dicho reporte el obtener información tributaria consolidada, relacionada con la distribución global de los ingresos, impuestos pagados y actividades de negocio de cada una de las entidades pertenecientes a un grupo multinacional.
Los precios de transferencia son el valor asignado a las transacciones realizadas entre dos empresas relacionadas. Estas transacciones incluyen la transferencia de bienes físicos, servicios y propiedad intangible.
Asimismo, que uno de los objetivos del estándar mínimo de la Acción 13 BEPS consiste en asegurar que la matriz de un grupo multinacional pueda presentar el Reporte País por País ante la autoridad fiscal de su jurisdicción para efectos de intercambio con las autoridades fiscales de otras jurisdicciones donde el grupo tenga entidades integrantes y con las que se tenga un acuerdo internacional que permita el intercambio automático de información, así como un acuerdo entre autoridades competentes para el intercambio de dichos reportes.
Además advierte que siendo el intercambio de información una importante herramienta para combatir la elusión y evasión fiscal, la República Dominicana ha suscrito la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAMT), el cual permitirá acceder a la información contenida en los Reportes País por País a través del intercambio de información automático.
