SANTO DOMINGO.- El coordinador del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, ratificó este viernes la medida de coerción correspondiente a Alexis Medina y otros encartados en el caso Antipulpo, dejándolos apresados por tres meses más en el Centro Correccional Najayo-Hombres.
Los exfuncionarios fueron llevados a prisión por tres meses a finales de noviembre del año pasado acusados de presuntos actos de corrupción administrativa. Los extitulares que continuarán en prisión junto a Medina son Francisco Pagán, Fernando Rosa, Aquiles Christopher y los supuestos testaferros José Dolores Santana, Julián Suriel y Wacal Méndez.
Mientras que los exfuncionarios Magaly Medina, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén, quienes guardan arresto domiciliario, también se mantendrán con la misma medida cautelar impuesta por José Alejandro Vargas a finales de noviembre del 2020.
Como afirmó el Ministerio Público, estos tres implicados están acusados de supuestamente pertenecer a un entramado corrupto encabezado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, que realizó negocios con el Estado y se benefició con más de $4 mil millones de pesos desde el 2013 hasta el 2020.
El órgano investigador determinó que Alexis se manejaba como un “pulpo” y tenía tentáculos en cuatro entidades del Estado. Estas son la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), el Ministerio de Salud Pública y la Contraloría General de la República.
Con estos vínculos en las referidas instituciones, Alexis supuestamente se aprovechaba de su condición de hermano del entonces gobernante para obtener contratos millonarios a través de empresas que no figuraban a su nombre, aunque eran manejadas por él.
Durante las audiencias de revisión de las medidas de coerción, los abogados de los imputados manifestaron su deseo de salir en libertad porque, según argumentaron, no existen indicios de que puedan escaparse del proceso ni abandonar las indagatorias.
Mientras que el Ministerio Público sostenía enfáticamente que cuenta con las pruebas necesarias que establecen que los imputados, estando en libertad, podrían sustraerse del proceso y destruir pruebas.
