El titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló este martes que solo en licitaciones y compras públicas, esa entidad ha paralizado procesos de las distintas dependencias del Estado que representarían un gasto superior a los RD$1,568 millones.
El funcionario destacó que en poco más de siete meses de gestión se han limpiado los archivos institucionales, donde reposaban más de 200 casos pendientes de decisión por parte de la gestión pasada y señaló que al 31 de enero de 2021 se habían anulado procedimientos de contratación equivalentes al monto revelado
Pimentel visitó este martes el Congreso Nacional y se reunió con la Comisión Permanente de Ética del Senado, donde detalló los avances alcanzados por la institución del 16 de agosto a la fecha.
A su salida de la reunión con los miembros de la Comisión presidida por el senador Yvan Lorenzo, Pimentel valoró el hecho de que, tras muchos años de desidia, el Congreso haya retomado una de sus principales funciones como ente fiscalizador y de contrapeso ante los actos que emanan de los Poderes Ejecutivo y Judicial y resaltó su disposición de informar las veces que sea necesario sobre el desempeño de la institución que dirige.
El director de Contrataciones Públicas aprovechó su visita al Senado para reiterar la importancia de la designación de una Cámara de Cuentas que cumpla efectivamente con su rol de control y fiscalización de los recursos públicos, y que sirva para garantizar procesos de contrataciones transparentes, superando las prácticas de obstrucción, inercia y captura a las que fue sometida en las últimas administraciones.
El director de la DGCP también expresó a los legisladores que los casos conocidos y entregados a la Procuraduría General de la República, además de ameritar una profunda investigación, también dejan lecciones sobre la necesidad de que se adopten nuevas normativas complementarias al Sistema de Contrataciones, como una ley para regular el Lobby y otra que contribuya a prevenir y detectar los conflictos de interés, normativas que, a su entender, son fundamentales para promover la transparencia y la integridad en el país.
En ese sentido, Pimentel destacó en su conversación con los legisladores la necesidad de reformar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, para lo cual se ha iniciado un amplio proceso de consultas encaminado a fortalecer el órgano rector y ofrecer mayores oportunidades de inserción de los productores nacionales, la industria local y las pequeñas y medianas empresas al mercado público.
De igual modo, propone el establecimiento de metodologías de evaluación de las ofertas en los procesos de contratación, dirigidas a reducir los márgenes de discrecionalidad de la Administración pública, y se pondera, además, la posibilidad de incluir sanciones penales contra conductas contrarias a la normativa con el objetivo de disuadir a los funcionarios públicos de cometer prácticas prohibidas por la ley, como las decenas de casos de corrupción vinculadas a las contrataciones públicas que el país conoce.
Asimismo, propone la profesionalización del personal vinculado a las contrataciones públicas y el establecimiento por ley de la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional.
Pimentel, quien estuvo acompañado de las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, también expuso ante los senadores las funcionalidades del Sistema Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR) para el monitoreo de los procesos de contrataciones y compartió las estadísticas generadas por el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) del 16 de agosto al 22 de febrero, las cuales revelan que, en los últimos siete meses, se han publicado 24,920 procesos en el Portal Transaccional.
Detalló que en dicho periodo fueron adjudicados 23,831 contratos por un monto de RD$55,862 millones 481 mil 417 pesos con 80 centavos.
