La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuará este lunes aportando en el Caso Odebrecht el testimonio de la analista financiera María del Carmen Álvarez y resaltó que los fiscales han logrado que el tribunal incorpore todas las pruebas validadas por los testigos de cargo que ha presentado.
Según indica hoy un comunicado, con la testigo Álvarez el órgano acusador ha logrado la incorporación de unas 100 pruebas al proceso sobre los US$92 millones de dólares distribuidos en soborno por la constructora brasileña para agenciarse la adjudicación de obras estatales en el país.
Suman 259 las pruebas admitidas hasta el momento por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sin que las juezas que integran el tribunal hayan rechazado alguna, resaltó la fiscal Mirna Ortiz, integrante del equipo litigante de la Pepca que lleva el caso en representación del Ministerio Público.
“Contrario a lo expresado por la defensa del procesado Víctor Díaz Rúa, el tribunal no ha rechazado ni descartado pruebas aportadas por el Ministerio Público”, manifestó
“Frente a la incorporación de pruebas comunes a las imputaciones de Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, el tribunal advirtió que la copia de un acta de asamblea de la empresa Díaz Rúa y Asociados no había sido depositada en la imputación contra Díaz Rúa; más, sin embargo, la misma fue depositada en la imputación contra Pittaluga, por lo cual ordenó su incorporación para la posterior valoración”, resaltó Ortiz.
Sostuvo que, a juicio del Ministerio Público, la diversidad de objeciones que presentaron los abogados de la defensa técnica de los procesados a la incorporación de dicha prueba, así como la desinformación que propagan a través de algunos medios informativos sobre lo que ocurre en el juicio, solo se explica por el afán de los imputados de crear un efecto mediático que dista de la realidad del juicio.
“No entendemos por qué negar la existencia de empresas que son de su propiedad y que en muchos casos ellos mismos han aportado como parte de sus escritos de defensa”, agregó la integrante del órgano de la persecución penal.
Explicó que las que se están incorporando con la testigo Álvarez, agente de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República, son pruebas certificantes que reposan en los registros públicos de la Cámara de Comercio y Producción, que dan fe de las empresas que varios de los encartados poseen y la participación accionaria que tienen en dichas empresas.
En el texto se precisó que este lunes uno de febrero, el Ministerio Público espera concluir con las declaraciones de la testigo María Álvarez y continuar con la presentación de su próximo testigo y las pruebas documentales que se incorporarán.
