El imputado Juan Alexis Medina Sánchez habría hecho maniobras fraudulentas para poder conseguir contratos, violando la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, que prohíbe a los familiares de determinados funcionarios contratar con el Estado, empezando por el cargo de presidente de la República.
Así la planteó el Ministerio Público en la continuidad del conocimiento de medida de coerción que conoce el juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, este martes a los once señalados de corrupción, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, en el caso que el caso denominado Operación Antipulpo.
