Uno de los encartados en el caso de la Operación anti-Pulpo, por sus vínculos de negocios con el hermano del expresidente Danilo Medina, es el propietario de una de las empresas que construye la presa de Monte Grande, a un costo que supera los 14 mil 500 millones de pesos.
Se trata de Julián Esteban Suriel Suazo, propietario de la compañía Consorcio Dominicano del Sur, a quien este domingo le conocerán medida de coerción por supuestamente ser uno de los testaferros del hermano del expresidente Medina, Juan Alexis Medina Sánchez.
Consorcio Dominicano del Sur forma parte de las compañías subcontratadas por la empresa Andrade Gutiérrez para la construcción de la citada presa, en Barahona.
En la resolución de medida de coerción elaborada por el Ministerio Público contra los acusados de pertenecer al entramado de corrupción que alegadamente dirigía Medina Sánchez, Suriel Suazo figura como secretario de la Fundación Tornado y propietario de la compañía Consorcio Dominicano del Sur.
En la acusación, el Ministerio Público acusa a Suriel Suazo y a los demás imputados de desviar el propósito de la fundación, en razón de que supuestamente donaron 11 millones de pesos para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato Gonzalo Castillo Terrero.
“La vinculación del entramado se sigue confirmando a través de las evidencias, incluyendo evidencias electrónicas donde se pueden apreciar imágenes y videos, así como también en los aportes recibidos por el Partido de la Liberación Dominicana presentados ante la Junta Central Electoral el 28 de agosto del 2020, sobre el estado de ingresos y gastos para la campaña presidencial de Gonzalo Castillo Terrero”, dice el Ministerio Público.
Señala que en los informes de la Junta Central Electoral se pudo evidenciar cómo miembros del entramado de Medina Sánchez, como fue el caso de Suriel Suazo (secretario de la Fundación Tornado y propietario de la compañía Consorcio Dominicano del Sur) donaron más de 11 millones de pesos a la campaña política del PLD.
Mala paga
Consorcio Dominicano del Sur era vista en la construcción de la presa Monte Grande como una empresa “mala paga”, lo que incluso motivó que en febrero del año pasado uno de sus suplidores le hiciera una huelga.
En esa ocasión, decenas de trabajadores de Andrade Gutiérrez, la empresa brasileña que construye dicha presa, no pudieron entrar a las instalaciones de la obra, debido a que la entrada principal fue bloqueada por un suplidor de alimentos.
Ezequiel Florián, propietario de la compañía suplidora de alimentos, acusó en ese entonces a la empresa subcontratada Consorcio Dominicano del Sur de adeudarles más de tres millones de pesos por entrega de alimentos a los obreros que construyen la obra.
Denunció que la compañía Consorcio del Sur usaba el “chantaje” como medio de coerción y lo amenazaba con rescindir el contrato de entrega de alimentos a los trabajadores.
Indicó que suplía más de 400 raciones cada día, que incluye desayuno, almuerzo y cena, lo que lo tenía prácticamente en la quiebra, ya que había gastado el capital de la compañía y estaba siendo presionado por comerciantes a quienes les debía dinero porque lo tomaba a crédito para preparar alimentos.
El proyecto Monte Grande se encuentra sobre el río Yaque del Sur, próxima al paraje de Monte Grande, en la provincia de Barahona.
Se comenzó a construir el 25 de enero de 2018, con un costo inicial de 250 millones de pesos a través de la empresa brasileña Adrade Gutiérrez.
El proyecto contempla la construcción de la presa para control de inundaciones en la cuenca baja del río Yaque del Sur, el desarrollo y modernización de la estructura de riesgo y suministro de agua potable a la región.
