El destino de los diez imputados por corrupción administrativa del pasado gobierno se define mañana domingo, pues un tribunal les conocerá medida de coerción.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidirá si acoge el pedimento del Ministerio Público y le impone prisión preventiva a los dos hermanos del expresidente Danilo Medina y los otros ochos implicados, o si por el contrario dicta una medida menos gravosa o les otorga libertad pura y simple.
Desde el pasado domingo los encartados, acusados de aprovechar vínculos políticos para acumular fortunas, permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Solo han podido recibir visitas de sus abogados.
Hilda Patricia Lagombra, coordinadora nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que tiene la custodia de la referida cárcel, indicó ayer que los detenidos no pueden recibir las visitas de familiares, ya que no está permitido en centros de este tipo.
Los imputados son Alexis y Carmen Magaly Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina, esta última y ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
También, Rafael Germosén, ex contralor general de la República; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Fernando Rosa, expresidente de Fonper; Francisco Pagán, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la entidad estatal.
Además, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz, supuestos testaferros de Alexis.
En sus investigaciones, el Ministerio Público estableció que desde que el exmandatario Medina asumió el poder, su hermano Alexis, creó una red criminal para, a través del tráfico de influencias y violaciones a múltiples leyes, beneficiarse por años con miles de millones de pesos.
El órgano investigador determinó que Alexis se manejaba como un “pulpo” y tenía “tentáculos” en la Oisoe, el Fonper, el Ministerio de Salud Pública y la Contraloría de la República.
Las pesquisas arrojaron que unas ocho empresas supuestamente controladas por Alexis recibieron ilícitamente fondos públicos por más de RD$4,769,775,128.96.
El “modus operandi” consistía en violar los protocolos en complicidad con los entonces titulares de las referidas instituciones.
Las autoridades seguirán investigando el caso
Las autoridades no se detendrán solamente en los diez implicados en el supuesto entramado societario que tenía Alexis Medina. Para esto, el Ministerio Público arreció los allanamientos como parte de las acciones de la Operación Antipulpo. Uno de ellos fue hecho en la residencia de Víctor Guillermo Librán Báez, el excónsul del país en Cuba en la gestión de Medina, quien, además, figura como coimputado en este caso.
