Las acciones que inicialmente se imputaron a ocho de los implicados en el escándalo de corrupción por los US$92 millones en sobornos que admitió la empresa Odebrecht haber pagado en la República Dominicana no constituyen una infracción penal, sostiene el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en los autos que archivan definitivamente la acusación.
Dichos archivos fueron otorgados a favor de César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González, Juan Temístocles Montás, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura.
Esas decisiones, bajo la firma de Rodríguez y del procurador general de corte de apelación Narciso José Escaño Martínez, quien fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), están siendo investigadas por la actual gestión de la Procuraduría General.
Además, fueron cuestionadas en la audiencia de este lunes por abogados de los seis imputados que continúan en el caso, quienes solicitaron la suspensión del jucio para estudiar su contenido, pedido que fue rechazado por el tribunal.
El grupo de los ocho, así como varios de los actuales imputados que pasaron a juicio de fondo por el caso, fue mencionado por delatores de la empresa Odebrecht. Uno de ellos es Marco Antonio Vasconcelos Cruz, quien fue el gerente de Odebrecht en la República Dominicana desde junio de 2007 hasta 2015, cuando el caso comenzó a explotar en Brasil.
En un documento judicial publicado en 2017 por el periódico Acento, en el que Vasconcelos describe el accionar de Odebrecht en el país, este indicó que la interferencia del imputado Ángel Rondón para la viabilidad de un proyecto como la hidroeléctrica de Pinalito a favor de la compañía, “podría haber implicado el pago de cantidades indebidas” y se menciona a Sánchez, D’Oleo y Castellanos.
En el documento también se señala a Montás, cuando era secretario técnico de la Presidencia, y quien firmó los acuerdos de financiamiento para varias obras a cargo de Odebrecht. Vasconcelos indicó que la actuación de Montás a favor de la compañía “probablemente no se trataba de un pago en el momento de la aprobación de la financiación en cuestión, pero podría haber ocurrido en contraste con las diversas donaciones de Ángel (Rondón)” a su campaña electoral.
Respecto al exsenador y expresidente de la comisión de Hacienda del Senado, Tommy Galán, Vasconcelos expresó que no podría garantizar ni tenía conocimiento de que se haya pagado para la aprobación del financiamiento del acueducto Hermanas Mirabal, pero sabía que Rondón “podría ser” donante a la campaña política de Galán.
Los archivos definitivos
En el caso del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el auto de archivo definitivo emitido el 27 de septiembre de 2019, destaca que fue mencionado por Vasconcelos Cruz y Ernesto Saviera Baiardi, como la persona que, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, viabilizaba la aprobación de financiamiento para el acueducto de Samaná y la Hidroeléctrica Palomino. Por las acusaciones que le hizo el Ministerio Público, el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, le impuso en 2017 una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país como medida de coerción.
Pero los procuradores en su archivo indican que, tras analizar los ingresos, consumos y bienes adquiridos de Pacheco y sus relacionados, no evidenciaron aumento de patrimonio no justificado.
Tampoco encontraron ninguna actividad financiera de relevancia que permita asociar con la recepción de fondos provenientes del soborno en las compañías y sociedades comerciales en las que el legislador tuvo alguna participación. El 7 de junio de 2018, Pacheco fue favorecido con el archivo provisional emitido por la Procuraduría mediante el auto 00012, que se hizo definitivo el 27 de septiembre de 2019.
En el caso del ahora presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, también habría sido mencionado por Vasconcelos Cruz como “la persona que en algunos de los proyectos apoyó a la constructora Norberto Odebrecht para la aprobación de los financiamientos de las obras”.
Pero el Ministerio Público, luego de analizar las obras, no encontró pruebas para fundamentar una acusación, según estableció en el auto de archivo provisional número 0009, del 7 de junio del 2018. En el archivo definitivo indica, además, que “no existe posibilidad” de incluir más evidencias.
Ramón Radhamés Segura fue imputado por el Ministerio Público de aceptar sumas de dinero de soborno por parte de Rondón, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la contratación y ejecución de las adendas 4, 5 y 6 para la construcción de la hidroeléctrica Pinalito y la contratación de la hidroeléctrica Palomino.
Además, de desviar fondos para la entonces Secretaría de Obras Públicas, asociarse para violentar leyes con el exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, para la construcción de la carretera de Casabito; de enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y de adquirir fondos producto de la infracción del soborno.
El 7 de junio de 2017, el magistrado Ortega Polanco le impuso medida de coerción consistente en arresto domiciliario, por un periodo de nueve meses.
Sin embargo, en las diligencias e investigaciones hechas por el Ministerio Público, este ente aseguró que no se pudo corroborar las imputaciones ni la mención hecha por Vasconcelos. Asimismo, que la documentación recabada no bastó para fundamentar razonablemente una acusación que justifique la probabilidad de una condena, y en la especie se procedió a dictar un archivo provisional, en su beneficio, mediante el auto número 00010 de fecha 7 de junio de 2018.
Pero el 27 de septiembre de 2019, el entonces procurador Rodríguez y el titular interino del Pepca dispusieron el archivo definitivo de la investigación en contra de Segura, “en razón de que es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal”.
El exsenador Valentín también habría sido señalado por los delatores de Odebrecht como uno de los legisladores que apoyó a esa empresa para la aprobación de contratos, conforme la acusación inicial del caso. Uno de los indicios que encontró el Ministerio Público en su contra fue el incremento “excesivo” de su patrimonio que se reflejaba en sus declaraciones juradas de bienes. Pero, al continuar las pesquisas, encontraron que dicho incremento se justificaba en propiedades de la esposa de Valentín, que los había adquirido antes de casarse.
Para el archivo del expediente, primero de manera provisional, mediante el auto 00011, de junio de 2018, y luego definitivo, el 27 de septiembre de 2019, la Procuraduría consideró que, a diferencia de otros imputados, en el caso de Valentín no se encontró que incurriera en técnicas propias del lavado de activos ni participación en compañías interpuestas. Tampoco que tuviera cuentas en el extranjero a las que esté vinculado.
A Cesar Domingo Sánchez Torres el Ministerio Público lo investigó debido a que, en su condición de funcionario, como administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) 2000-2004, habría aceptado sumas de dinero de soborno de parte de Rondón para la contratación de la construcción de la hidroeléctrica Pinalito y las adendas I, II y III, de asociarse entre sí para viabilizar dicho proyecto, de enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y de adquirir fondos producto de la infracción grave del soborno.
El 7 de junio de 2017, a Sánchez Torres se le impuso medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva a ser cumplida en la cárcel de Najayo. Al igual que Segura, el Ministerio Público le concedió primero un archivo provisional, y posteriormente un archivo definitivo.
Bernardo Castellanos de Moya, en su condición de director de Proyectos Hidroeléctricos en la Empresa de Generación Hidroeléctrica dominicana desde 2000 y hasta 2004, fue señalado como parte de los involucrados en torno al caso de los sobornos pagados por Odebrecht.
El magistrado Ortega Polanco le impuso una medida de coerción consistente en el pago de una garantía economía de RD$5 millones, impedimento de salida y presentación periódica. Posteriormente fue también beneficiado con el archivo definitivo.
El exdiputado González fue señalado en el expediente de solicitud de medidas de coerción como parte de los legisladores que viabilizaba en el Congreso Nacional la aprobación de los contratos y los préstamos de los proyectos de Odebrecht.
El 7 de junio de 2017 se le impuso a González una medida de coerción consistente en seis meses de prisión preventiva, a ser cumplida en la cárcel de Najayo. Pero el Ministerio Público, en el documento que le concedió archivo definitivo a su caso, indica que “no se identificaron patrones de enriquecimiento excesivo mientras ejerció la función pública de legislador, del 2002 a 2016”.
El exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo D´ Oleo Ramírez, también fue mencionado por Vasconcelos Cruz como uno de los que recibieron sobornos de parte de Odebrecht, según indica el Ministerio Púbico. Sin embargo, luego planteó que la imputación no fue posible de corroborar, dado que no se encontraron movimientos financieros relevantes, ni en el imputado ni en sus familiares y relacionados.
Por tales motivos, se emitió a su favor el auto de archivo provisional 00015, también del 7 de junio de 2018, y más tarde, el 27 de septiembre de 2019, le favoreció con el archivo definitivo que extingue la acción en su contra.
Fuente Diario Libre
