Santo Domingo, RD.– La ausencia de controles internos acompañó al Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde su creación, reconoció este lunes el presidente Luis Abinader al referirse al entramado de presunta corrupción investigado por el Ministerio Público.
Durante su encuentro semanal con la prensa, el mandatario explicó que la aseguradora estatal no tenía una Unidad de Auditoría Interna ni un consejo de administración encargado de supervisar sus decisiones.
“Ahí realmente hubo una falla de control desde su fundación”, manifestó Abinader al responder preguntas sobre las medidas adoptadas para prevenir irregularidades en las instituciones públicas.
Contratos quedaban fuera de la supervisión de Contrataciones Públicas
Abinader señaló que Senasa, debido a su condición de entidad pública descentralizada, operaba con una estructura de supervisión distinta a la existente en otros organismos estatales.
Los contratos suscritos con prestadores de servicios de salud tampoco estaban sometidos a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Por esa razón, la Dirección General de Contrataciones Públicas no tenía competencia para fiscalizar esos procesos.
El Gobierno estableció mediante decreto que los contratos deberán ser conocidos por el consejo de administración de Senasa antes de recibir aprobación. También creó una unidad de auditoría interna y aprobó un reglamento para regular las contrataciones.
Abinader plantea modificar la ley de Senasa
Aunque esos mecanismos ya comenzaron a aplicarse, el presidente entiende que deben quedar incorporados en el marco jurídico de la aseguradora para garantizar su continuidad.
“Yo pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles”, sostuvo.
Abinader agregó que el Gobierno analiza establecer medidas similares en otras dos instituciones públicas. No reveló cuáles son porque, según explicó, no desea generar la percepción de que existen irregularidades particulares en esas entidades.
Investigación por presunta corrupción en Senasa
Los cuestionamientos sobre la situación financiera de Senasa cobraron fuerza en junio de 2025, en medio de denuncias por retrasos en los pagos a prestadores de servicios médicos.
Dos meses después, Abinader sustituyó a Santiago Hazim como director ejecutivo y ordenó remitir a la Procuraduría General de la República un informe sobre las irregularidades detectadas.
La investigación del Ministerio Público, denominada Operación Cobra, derivó en una acusación contra diez personas por un supuesto entramado que habría provocado pérdidas superiores a RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
De acuerdo con el expediente, el esquema habría incluido contratos irregulares, manipulación de procesos internos, reclamaciones por servicios médicos presuntamente no prestados y pagos de sobornos. Los fiscales también atribuyen al grupo la utilización de empresas sin operaciones reales para canalizar recursos.
Las autoridades ampliaron posteriormente las pesquisas mediante una fase identificada como Senasa 2.0. En ese proceso se investigan supuestas autorizaciones fraudulentas superiores a RD$41 millones y fueron solicitadas medidas de coerción contra otros 25 imputados.
El exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y otros procesados cumplen prisión preventiva por el caso. El Ministerio Público dispone de un mes para presentar la acusación formal contra el primer grupo de imputados.
