Quito. – La excandidata presidencial Luisa González deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza una investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2023. La decisión judicial se conoce a cinco semanas de las elecciones locales en Ecuador.
González, detenida el jueves en su vivienda de Canuto, en la provincia de Manabí, participó por videoconferencia en la audiencia de formulación de cargos desde el Cuartel Modelo de Guayaquil. La Fiscalía solicitó la medida y la jueza la acogió. Otros dos procesados, el exasambleísta Santiago Díaz y la exfuncionaria Wendy Onofre, también irán a prisión preventiva.
González afirma que se defenderá en Ecuador
En un audio difundido en su cuenta de X, la dirigente del movimiento Revolución Ciudadana reiteró que es inocente y que considera ser víctima de persecución política. Aseguró que quiere enfrentar el proceso en Ecuador y negó que sus viajes al exterior indiquen intención de evadir la justicia.
González cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía sobre sus salidas del país. Según explicó, esos viajes corresponden a más de una década y siempre regresó a Ecuador. También recordó que su vivienda fue allanada en enero y que, pese a ello, permaneció en el país.
«Me defenderé en derecho y en presencia», sostuvo. La excandidata añadió que espera recibir un trato justo y colaborar con la justicia.
Fiscalía rastrea presunto financiamiento electoral
La causa, denominada “Laberinto”, busca establecer si dinero relacionado con empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, llegó a la campaña presidencial correísta de 2023. El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, dijo que se rastrea el origen y destino de unos 500,000 dólares.
La hipótesis fiscal también contempla el supuesto ingreso de efectivo desde Venezuela para financiar la campaña de González y Andrés Arauz. Parte de la investigación se apoyó en declaraciones de Díaz, quien afirmó que trasladó dinero desde ese país, aunque, según la información disponible, no presentó pruebas de esa versión.
La defensa de González rechaza las acusaciones. La orden de prisión preventiva no constituye una condena: el proceso deberá determinar si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades.
La decisión se produce en un contexto político marcado por la suspensión de Revolución Ciudadana, que quedó impedida de participar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre. González ha atribuido su situación a una persecución política, pero no se ha establecido públicamente que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya intervenido en la decisión judicial.
Fuente: EFE
