Santo Domingo. – La Fuerza del Pueblo (FP) pidió suspender las operaciones de extracción de sedimentos en la cola de la presa de Hatillo, en el río Yuna, hasta que se aclaren las diferencias entre el volumen autorizado y las cantidades contempladas en los contratos.
Paino Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de esa organización, explicó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), permite extraer 100,000 metros cúbicos durante seis meses..
Sin embargo, afirmó que tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 suman 1,330,694 metros cúbicos, más de 13 veces el volumen autorizado. La organización solicitó detener la extracción, el acarreo y la entrega de materiales mientras se revisan las condiciones del proyecto.
FP cuestiona el aprovechamiento comercial del material
Abreu señaló que la discrepancia debe analizarse también por el valor comercial de la grava y la arena extraídas. Según estimaciones presentadas por la FP, el aprovechamiento de esos materiales podría generar cerca de RD$1,000 millones, luego de descontar costos de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
El dirigente cuestionó que, a su juicio, no exista un mecanismo suficientemente claro y competitivo para que el Estado reciba una mayor proporción de esos recursos. También reclamó que se explique si parte de los beneficios se destinará a proteger y restaurar las cuencas hidrográficas.
La organización dijo que reconoce la importancia de retirar sedimentos para recuperar capacidad de almacenamiento de los embalses, pero sostuvo que el trabajo debe realizarse con controles técnicos, ambientales y económicos transparentes.
Solicitan revisiones e investigaciones
La FP pidió una revisión técnica y jurídica del permiso y de las condiciones de ejecución, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). También solicitó al Ministerio de Medio Ambiente explicar por qué el proyecto no fue clasificado en la categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
Abreu informó que la organización pidió a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente investigar posibles infracciones a la Ley 64-00. Además, solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y a la Cámara de Cuentas auditar los contratos y los aportes económicos generados.
La FP también reclamó una veeduría ciudadana independiente, con participación de comunidades del Yuna, representantes de la Iglesia y del sector académico. Respaldó, además, la solicitud de información pública de autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega sobre los contratos, estudios ambientales y consultas comunitarias.
«El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren», expresó Abreu.
