Santo Domingo. – El juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, deberá decidir si acoge o rechaza la solicitud de los abogados querellantes para modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat.
Los representantes de las víctimas piden que los cargos de homicidio, golpes y heridas involuntarias cambien a homicidio voluntario con dolo eventual. La defensa de los hermanos se opone a la solicitud.
El proceso se sigue por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que causó 236 muertes y dejó más de 180 personas heridas.
Defensa rechaza el cambio
En la audiencia de la semana pasada, los abogados de los Espaillat afirmaron que no han surgido elementos nuevos que justifiquen modificar la calificación. También señalaron que el Ministerio Público mantiene su posición sobre los hechos.
Ramón Núñez, abogado de Maribel Espaillat, sostuvo que las pruebas no demuestran que su representada tuviera intención de provocar el colapso. Miguel Valerio, defensor de Antonio Espaillat, también rechazó que su cliente actuara con ese propósito.
Los querellantes explicaron que solicitan que el tribunal permita discutir una calificación jurídica distinta durante el juicio. “El pedimento que se le ha hecho no es para que usted juzgue si hay o no dolo eventual, es para que abra la puerta de la discusión respecto de la posibilidad de una calificación jurídica diferente”, sostuvo el abogado Plinio Pina.
Pina afirmó que en el juicio han surgido circunstancias que no fueron valoradas durante la etapa de instrucción, cuando no se reprodujeron las pruebas ni se escucharon los testimonios.
Peritajes y testimonios sobre el techo
El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), declaró sobre la capacidad de carga de la estructura. Según la evaluación expuesta en el juicio, el techo estaba previsto para soportar unas 160 libras por metro cuadrado, mientras que la carga estimada era de unas 625 libras. El peritaje relacionó esa sobrecarga con la colocación de varias capas de cemento.
También declaró Gregory Adames, exempleado y sobreviviente. Dijo que las filtraciones comenzaron antes de la pandemia y que informó a los propietarios sobre el problema. Según su testimonio, las reparaciones se hicieron con conocimiento y consentimiento de Antonio y Maribel Espaillat.
Los querellantes han incorporado mensajes de WhatsApp que, según sostienen, podrían aportar información sobre el conocimiento de los riesgos y las actuaciones posteriores al desplome.
El juicio comenzó el 28 de agosto de 2026. Hasta el balance presentado sobre el proceso, habían declarado 15 de los 84 testigos incluidos en la acusación, que consta de 156 páginas.
Los hermanos Espaillat permanecen en libertad bajo medidas de coerción: garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país. La jueza Fátima Veloz impuso esas medidas, que luego fueron ratificadas en apelación.
