Pedro Brand.– Residentes de La Cuaba celebraron la decisión del presidente Luis Abinader de impedir la instalación de una planta procesadora de residuos sólidos en esa comunidad.
El anuncio puso fin a 160 días de manifestaciones y actividades organizadas por los habitantes contra el proyecto previsto para el paraje Los Aguacates.
Los comunitarios agradecieron al mandatario por atender su reclamo y describieron la medida como una victoria para la localidad.
El director municipal de La Cuaba, Carlos Montaño, informó que recibió la decisión mediante una llamada del dirigente político Deligne Ascención durante una reunión con representantes comunitarios.
Residentes celebran después de meses de protestas
Representantes de la comunidad expresaron que la respuesta los tomó por sorpresa, aunque mantenían la esperanza de que el Gobierno detuviera el proyecto.
Según relataron, niños y jóvenes también participaron en la celebración después de conocer la noticia.
Durante más de cinco meses, los residentes mantuvieron un campamento y realizaron marchas para expresar su oposición.
Las movilizaciones también llegaron al Palacio Nacional, donde reclamaron la intervención directa del presidente Abinader.
Comunidad advertía sobre posibles daños ambientales
El proyecto contemplaba una estación para procesar y disponer residuos sólidos en Los Aguacates.
Los comunitarios sostenían que la instalación podía afectar los ríos Matúa e Higüero. Sus aguas conectan con las cuencas de los ríos Isabela y Ozama.
También temían que el proyecto terminara operando como un vertedero similar al de Duquesa.
Los residentes advertían sobre posibles consecuencias para la agricultura, los ecosistemas y las actividades ecoturísticas de la zona. Estas preocupaciones corresponden a los argumentos presentados por la comunidad durante las protestas.
El proyecto privado contaba con una licencia ambiental emitida en 2025 para construir y operar un relleno sanitario, una planta de reciclaje y un sistema de valorización de residuos.
Los comunitarios esperan ahora que las autoridades formalicen la decisión y garanticen que no se instale una infraestructura de ese tipo en la localidad.
