Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó una acusación formal contra 13 personas y cinco empresas por su presunta participación en una estructura dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.
El órgano acusador solicitó al Juzgado de la Instrucción de Santiago enviar a los imputados a juicio. Según el expediente, la supuesta red perjudicó a 141 personas en Estados Unidos y provocó pérdidas estimadas en US$5 millones.
Las autoridades sostienen que el grupo operaba principalmente desde la región Norte de República Dominicana. Para ejecutar los fraudes habría utilizado centros de llamadas clandestinos y distintos métodos de manipulación.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional.
Personas y empresas acusadas
El Ministerio Público identificó como imputados a Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón y Adderly Antonio Polanco Báez.
La acusación también incluye a Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez, conocido como “William el Técnico”; Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García y Ana Marleny Estévez Díaz.
Completan la lista Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
Las cinco sociedades comerciales señaladas son Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (Inverdosa); JLNG Terracell, S.R.L.; Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L.; Invermeg, E.I.R.L., y Qemert Pro Technology, S.R.L.
Los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal establezca su responsabilidad mediante una sentencia definitiva.
Fiscalía describe cuatro etapas del esquema
De acuerdo con la acusación, la estructura desarrollaba el supuesto esquema en cuatro fases: selección de víctimas, ejecución del fraude, movilización del dinero y lavado de los recursos obtenidos.
Los investigadores atribuyen al grupo el uso de ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación y sextorsión. También habría simulado situaciones relacionadas con autoridades o familiares de las víctimas.
El Ministerio Público indicó que la organización dirigía sus acciones especialmente contra adultos mayores residentes en distintas ciudades de Estados Unidos.
Tras obtener el dinero, la red supuestamente enviaba los recursos a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros.
Luego habría utilizado empresas, inmuebles, vehículos y otras operaciones para incorporar los fondos al sistema económico y ocultar su presunto origen ilícito.
Expediente registra operaciones millonarias
La investigación financiera identificó transacciones individuales que oscilaron entre RD$12 millones y más de RD$120 millones durante el período 2022-2023.
El expediente también cita registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que sobrepasaron los RD$20 millones en menos de un año.
Según el Ministerio Público, esos movimientos no coinciden con las actividades económicas ni con las fuentes de ingresos declaradas por los acusados. Esta valoración deberá examinarla el tribunal durante el proceso.
Wilson Camacho, director general de Persecución, afirmó que la acusación identifica las presuntas responsabilidades individuales, reconstruye el movimiento del dinero y reúne las pruebas obtenidas durante las pesquisas.
Principales señalados enfrentan proceso en Estados Unidos
El Ministerio Público recordó que República Dominicana extraditó a Estados Unidos a cuatro personas señaladas como líderes de la estructura.
Se trata de Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez. Actualmente enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.
La Procuraduría atribuye a los acusados asociación de malhechores, estafa, delitos de alta tecnología y lavado de activos. A tres de ellos también les imputa infracciones relacionadas con armas.
Las empresas señaladas enfrentan cargos vinculados con la legislación sobre lavado de activos, el régimen tributario y el sistema monetario y financiero.
El tribunal deberá evaluar la acusación, las pruebas depositadas y los argumentos de las defensas antes de decidir si ordena la apertura del juicio.
