Santo Domingo. – Diez de las 26 personas imputadas en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público, según afirmó la titular de la Pepca, Mirna Ortiz.
La procuradora de corte ofreció la información tras la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Diez de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado”, declaró Ortiz.
A su juicio, esas declaraciones respaldan la investigación contra el grupo señalado por realizar cobros irregulares a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Ministerio Público presenta 483 pruebas
La Pepca informó que depositó 483 elementos para sustentar la solicitud de medida de coerción.
El expediente contiene 234 pruebas documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 peritajes.
El órgano acusador pidió 18 meses de prisión preventiva contra los 26 imputados. También solicitó que el tribunal declare complejo el proceso.
Wilson Camacho, director general de Persecución, presentó ante el juez los argumentos y las pruebas recopiladas durante la investigación.
El equipo litigante también está compuesto por Mirna Ortiz, Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Audiencia continuará este jueves
El juez Rigoberto Sena aplazó el conocimiento de la medida para este jueves 24 de septiembre, a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia del miércoles, el tribunal ordenó al Ministerio Público exponer su solicitud contra todos los procesados.
La acusación incluye a exempleados de Senasa, médicos y otras personas vinculadas al sector salud.
Los fiscales sostienen que la cantidad de hechos, víctimas y posibles involucrados justifica la declaratoria de complejidad.
Pepca afirma que afectaron el derecho a la salud
Ortiz señaló que el daño investigado no se limita a los más de RD$40 millones atribuidos a esta fase del caso.
“El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud”, expresó la titular de la Pepca.
Según explicó, los cargos por servicios que supuestamente no se realizaron redujeron la cobertura disponible para los afiliados afectados.
El Ministerio Público atribuye al grupo la generación de autorizaciones y facturaciones ficticias mediante datos reales de usuarios de Senasa.
Los señalamientos corresponden a la versión del órgano acusador y deberán probarse ante el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia.
