Santo Domingo. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes, a las 2:00 de la tarde, la medida de coerción contra 25 imputados de la Operación Cobra 2.0-A.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para el grupo. También busca que el tribunal declare complejo el proceso.
Los fiscales depositaron el expediente a las 11:55 de la noche del sábado, después de interrogar durante dos días a las personas detenidas.
Entre los imputados figuran médicos, prestadores de servicios de salud y exempleados relacionados con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Investigan más de 4,300 autorizaciones
El expediente identifica 4,363 autorizaciones para consultas especializadas y cirugías menores ambulatorias. Las facturaciones suman RD$41,125,551.02 y abarcan desde enero de 2021 hasta febrero de 2025.
Según la acusación, la estructura utilizaba información real de afiliados para registrar diagnósticos y procedimientos que nunca habría realizado.
Varios usuarios consultados durante la investigación negaron conocer a los médicos que aparecían en sus expedientes. También aseguraron que no solicitaron ni recibieron esos servicios.
Las pesquisas incluso encontraron hombres con consultas ginecológicas registradas a sus nombres. Los afiliados afectados rechazaron haber recibido esas atenciones.
El Ministerio Público sostiene que algunos médicos entregaban entre el 40 % y el 60 % del dinero cobrado a otros integrantes de la alegada estructura. Los pagos se habrían realizado mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo.
Operación incluyó 37 allanamientos
Cobra 2.0-A produjo inicialmente 28 arrestos, aunque la solicitud de medida de coerción incluye a 25 personas.
El operativo abarcó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales.
El tribunal decidirá durante el proceso si acoge la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad solicitadas por el órgano acusador.
Las imputaciones corresponden a la investigación del Ministerio Público y deberán demostrarse ante la justicia. Los procesados conservan la presunción de inocencia.
